Unos 5.000 detenidos podrían salir en libertad próximamente de los centros de rehabilitación social.
El presidente Guillermo Lasso firmó el lunes, 21 de febrero, un decreto acelerando el indulto para ciertas personas privadas de la libertad (PPL), durante la presentación de la política pública de rehabilitación social (2022-2025), que cuenta con un presupuesto de $ 27 millones.
Para acceder a ese beneficio, los detenidos deben cumplir los siguientes requisitos: sentencia condenatoria por robo, hurto, estafa, abuso de confianza; haber cumplido al menos el 40 % de la pena privativa de la libertad en el caso de sentenciados con el Código Penal y Código de Procedimiento Penal y haber cumplido al menos el 60 % cuando se trate de sentenciados con el Código Orgánico Integral Penal; que no mantenga otras sentencias condenatorias ni medidas cautelares vigentes; que no tenga un proceso penal en investigación previa en su contra; y que no haya sido sancionada la persona privada de la libertad disciplinariamente desde su ingreso al centro de privación de libertad.
En Ecuador, de acuerdo con el Gobierno, en el sistema penitenciario hay 34.821 personas cuando la capacidad instalada es de 30.169 plazas.
Lasso, en una entrevista difundida este martes 22 de febrero y transmitida desde el Palacio de Gobierno, en el centro de Quito, dijo que se busca reducir el hacinamiento en las cárceles y también para proteger a muchos ciudadanos inocentes que han cometido delitos menores.
El mandatario sostuvo que el mecanismo que encontraron en consulta con la Corte Constitucional (CC) y la Fiscalía es que, a través de un decreto, se establecen las condiciones para ese indulto y que sean los jueces los que resuelvan bajo los parámetros establecidos.
“Yo aspiro a que salgan libres por lo menos 5.000 personas privadas de la libertad, terminar hasta fines de año con el hacinamiento y así tener un entorno mucho más favorable para la seguridad y para los trabajos de rehabilitación social dentro de las cárceles”, dijo. (El Universo)