La caída de Darío Javier Peñafiel Nieto, alias Topo, no necesariamente traerá calma. Al contrario, podría convertirse en el detonante de una nueva ola de violencia en el oriente del país. Así lo advierte el experto en gobernabilidad y seguridad preventiva Edison Mafla, quien alerta que cuando una organización criminal sufre un golpe de esta magnitud, suele responder con más violencia para intentar mantener su control.
Topo, considerado el segundo al mando de la facción Choneros-Fatales, fue capturado el sábado 13 de septiembre en una vivienda cercana a la comunidad de Limonchica, en el cantón Tena (provincia de Napo). Al momento de su detención tenía en su poder un bolso con una gran cantidad de dinero en efectivo.
Desde allí fue trasladado a Quito, luego llevado en avioneta hasta Guayaquil y finalmente ingresado al centro de máxima seguridad La Roca. El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que será extraditado a Estados Unidos, país que lo requiere por delitos de narcotráfico y lavado de activos.
Un vacío de poder que podría encender al oriente ecuatoriano
Para Mafla, la captura de Topo golpea a una organización que no solo ha operado en narcotráfico, sino que también ha extendido sus redes hacia la minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana, un territorio complejo y con alta conflictividad social. Según explica, en esa región conviven múltiples intereses: economías ilegales, proyectos extractivos legales que han tenido dificultades para asentarse y comunidades locales que rechazan la presencia de actores externos, tanto estatales como privados.
“Las empresas no han podido instalarse adecuadamente en esos territorios porque hay demasiada convulsión”, señala Mafla.
El experto advierte que cuando un cabecilla cae, los miembros restantes suelen fragmentarse o disputar entre sí los territorios que deja vacantes. “Cuando se corta una cabeza, pueden aparecer tres”, resume. Y ese proceso, afirma, rara vez es pacífico. “Cuando una organización intenta sobrevivir a un embate como este, surgen ajustes de cuentas e intentos de acaparar territorios. Eso implica violencia”.
También advierte que la presión internacional, sobre todo por parte de empresas interesadas en operar en la Amazonía, podría estar acelerando estas operaciones policiales y militares contra cabecillas como Topo o Fito. “El Estado está tratando de generar condiciones de seguridad para que el negocio formal se asiente, pero eso también puede detonar reacciones violentas de los grupos que hoy dominan esos espacios”, explica.
Una extradición que podría ser exprés
Mientras tanto, el proceso de extradición de Topo podría avanzar con rapidez. Así lo explica el especialista en Derecho Internacional Pablo Espinosa Quiróz, quien señala que el caso guarda muchas similitudes con el de alias Fito, capturado en Montecristi y extraditado a Estados Unidos apenas 25 días después.
“El trámite inicia con una solicitud formal de Estados Unidos a través de la vía diplomática. Luego la Cancillería la remite a la Corte Nacional de Justicia, que convoca a una audiencia para escuchar al detenido y verificar que la documentación cumpla los requisitos legales. Tras eso, la Corte emite un dictamen y la decisión final la toma el presidente de la República”, detalla Espinosa.
El experto asegura que, por la cooperación bilateral en materia de lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos, este tipo de procesos suelen avanzar con una celeridad poco común en otros casos judiciales. “Las características son muy similares y podría perfectamente tener el mismo proceso acelerado”, indica.
Sobre posibles intentos de frenar la extradición, Espinosa considera que la defensa podría intentar alegar vulneración al derecho a la defensa técnica, violaciones al debido proceso o incluso riesgo de persecución política, pero estima que esos argumentos tienen pocas probabilidades de prosperar. “El Estado ecuatoriano es muy respetuoso de las garantías básicas. No creo que él tenga argumentos valederos para oponerse a la extradición”, afirma.
También descarta que un juez pueda bloquear el proceso por cuenta propia: “Sabemos que hay uno que otro juez que podría intentar interferir, pero en estos casos existe una fuerte presión política y diplomática para que el trámite avance sin obstáculos”.
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