El Consejo de Comunicación informó que activó su protocolo de atención y seguimiento tras el atentado armado que sufrió Marcelo Ruiz Molina, corresponsal de TC Televisión en Manabí y director del medio digital Últimas Noticias, La noche del viernes 25 de julio del 2025.
El organismo señaló que las acciones se emprendieron de manera inmediata para garantizar la protección de los derechos del comunicador y dar seguimiento al proceso judicial que se derive del caso.
¿Cómo ocurrió el atentado?
El hecho ocurrió pasadas las 22:00 en la vía Portoviejo – Santa Ana, a la altura del sector El Guabito. Ruiz y una persona que lo acompañaba fueron interceptados por sujetos armados que dispararon en varias ocasiones contra el vehículo en el que se movilizaban. A pesar de las heridas, el periodista logró conducir hasta un hospital, donde permanece con pronóstico reservado.
Como parte de las medidas adoptadas, el Consejo de Comunicación registró la alerta oficial, verificó información en territorio con fuentes locales y estableció contacto con familiares de la víctima. Además, elaboró un informe técnico preliminar con recomendaciones de actuación y presentó una denuncia por tentativa de asesinato ante la Fiscalía de Manabí mediante ventanilla virtual.
Este ataque se suma a una serie de hechos violentos que han afectado a la provincia de Manabí en los últimos meses, en un contexto marcado por la presencia de bandas criminales como Los Choneros y Los Lobos. El repunte de la violencia en la zona ha elevado el riesgo para comunicadores y líderes sociales, quienes han denunciado amenazas y hostigamientos.
Gremios de periodistas se pronuncian
Organizaciones como Fundamedios también condenaron el atentado contra Ruiz y exigieron a las autoridades una investigación urgente para dar con los responsables. En redes sociales, colegas del periodista y ciudadanos expresaron su solidaridad y pidieron mayor protección para quienes ejercen el periodismo en el país.
El Consejo de Comunicación reiteró que continuará monitoreando el caso y aplicando las acciones técnicas y jurídicas necesarias para contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la identificación de los autores del ataque, en el marco de sus competencias.