Las personas que difundan alertas o información falsa sobre emergencias o desastres por cualquier medio y que causen zozobra en la población serán sancionadas con una multa de entre uno a cinco salarios básicos. Es decir, entre USD 450 y USD 2.250 y trabajo comunitario. La información consta en el Decreto Ley de Urgencia Económica de Gestión de Riesgos y Desastres, expedido el martes, 17 de octubre de 2023.
En el caso de las personas jurídicas (empresas y demás), la multa sube entre 10 y 50 salarios básicos, es decir, entre USD 4.500 y USD 22.500. Se suma la suspensión temporal de las actividades entre 30 y 60 días. Si hay reincidencia se sancionará con la clausura definitiva.
La facultad sancionatoria recae en el ente rector de gestión de riesgos de desastres, gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales. Sin olvidar que se garantizará el debido proceso y se actuará según el Código Orgánico Administrativo, en cuanto a procedimientos sancionatorios.
Pero, si quien comete esta infracción grave es un servidor público o de elección popular será destituido de su cargo.
Otras infracciones graves son:
-Omisión de entrega de información o mecanismos de alerta temprana cuando esta omisión ponga en riesgo.
-Negar injustificadamente asistencia humanitaria.
-Aceptar, ofrecer o solicitar contraprestaciones, remuneraciones, favores o beneficios económicos a terceros a cambio de asistencia humanitaria.
-Utilizar la asistencia humanitaria para el proselitismo político.
-Realizar actividades de asistencia humanitaria incumpliendo las normas.
-Inobservar la diligencia en la realización de acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y equipos necesarios.
-Realizar acciones de recuperación postdesastres que reconstruyan los riesgos o generen nuevos riesgos.
Contexto
Su objetivo es reducir los riesgo de desastres y apuntar hacia una gestión adecuada en estos casos para evitar afectaciones y pérdidas de vidas y materiales.
En ese marco, en la norma se habla de la reducción de riesgos a través de una planificación nacional, monitoreo de amenazas, análisis de riesgos, recursos y demás. A esto se suma la conformación de comités de operaciones de emergencia, asistencia humanitaria, etc.
El sistema de alertas tempranas es otro de los ejes que resaltan del decreto ley, ya que está orientado a salvar las vidas y reducir los daños ocasionados por los desastres.