El presidente Daniel Noboa anunció que el Gobierno prepara una nueva serie de operaciones de seguridad con toque de queda entre el 1 y el 10 de noviembre de 2026 en provincias de la Costa ecuatoriana. La declaración se produjo durante una entrevista con Radio Centro, en Ambato, este 14 de octubre.
El mandatario sostuvo que las medidas anteriores permitieron reducir los delitos y afectar las operaciones de organizaciones vinculadas al narcotráfico. Sin embargo, no identificó las provincias que estarán sujetas a la nueva restricción ni precisó sus horarios.
El presidente afirmó que, durante el último período de restricciones, los delitos disminuyeron un 40 %. También presentó cifras semanales de homicidios que, según dijo, muestran una tendencia a la baja.
Los datos mencionados por Noboa fueron:
- Semana 39: 146 homicidios.
- Semana 40: 127 homicidios.
- Semana 41: 122 homicidios.
- Semana en curso: 111 homicidios, según el corte utilizado por el mandatario.
Noboa también aseguró que en septiembre se incautaron más de ocho toneladas de droga, cuyo valor estimó en 400 millones de dólares para las economías criminales.
Salud pública
Durante la entrevista, el mandatario recibió preguntas sobre la falta de medicamentos, las cirugías pendientes y los problemas de equipamiento en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Ambato.
Noboa no anunció una solución específica para el tomógrafo mencionado por el entrevistador ni una fecha para atender las cirugías pendientes.
En cambio, sostuvo que el Gobierno revisa propuestas de cambios administrativos y que no aceptará designaciones por cuotas políticas.
También atribuyó parte de los problemas del sistema de salud a presuntas irregularidades en el manejo de medicamentos, insumos y derivaciones hacia clínicas privadas.
El presidente afirmó que se trabaja con empresas privadas en mecanismos de inventario y distribución de medicinas. Además, mencionó la incorporación de un sistema tecnológico para mejorar los controles.
Las acusaciones sobre corrupción y posibles vínculos con organizaciones criminales corresponden a declaraciones del mandatario y no constituyen, por sí mismas, determinaciones judiciales.
Deja una respuesta