Dos exjueces de Manabí recibieron una sentencia reducida por el delito de delincuencia organizada, dentro del caso Plaga. Ambos exmagistrados se sometieron al procedimiento abreviado; es decir aceptaron su participación dentro de la investigación en sus contras. Se trata de Jofre Rivera, exjuez de Chone, y de Simón García, exjuez del cantón Paján.
El primero de los exjueces manabitas en recibir sentencia fue Simón García, exjuez de la Unidad Multicompetente en Materias No Penales y Adolescentes Infractores de Paján. A él se lo sentenció a 28 meses de cárcel, tras aceptar su responsabilidad en los hechos. Las autoridades determinaron que era autor directo del delito de delincuencia organizada.
Como parte del caso Plaga, la Fiscalía General del Estados (FGE) investiga a 31 personas, incluidos exjueces, por el cometimiento del delito de delincuencia organizada. Ellos estarían involucrados en el otorgamiento ilegítimo de acciones constitucionales a personas privadas de la libertad (PPL).
Las autoridades de justicia informaron que de los 31 procesados, diez de ellos solicitaron acogerse al procedimiento abreviado, reconociendo el cometimiento del delito. Entre los que se acogieron a esta figura jurídica se encuentran los dos exjueces manabitas, quienes laboraban en unidades multicompetentes de los cantones Chone y Paján.
Exjueces manabitas deben pagar indemnización
El segundo de los exjueces manabitas en ser sentenciado fue Jofre Rivera, quien se desempeñaba como magistrado de Garantías Penales del cantón Chone. Este viernes 24 de enero del 2025 se dio a conocer la sentencia en su contra tras someterse al procedimiento abreviado. Según la justicina él favoreció con sus fallos a privados de la libertad, procesados por abuso sexual y robo con muerte.
A Jofre Rivera, lo sentenciaron a 26 meses de prisión. Además de su permanencia en prisión deberá pagar una multa de 5.520 dólares y de 63.730 dólares como reparación integral. En el caso de Jofre Rivera, exjuez de Garantías Penales del cantón Chone, entregó acciones constitucionales, medidas cautelares y acciones de protección a 21 presos,sobre quienes pesaban sentencias por el cometimiento de delitos graves como asesinatos y hasta violaciones.
Dentro del caso Plaga se investiga el presunto cometimiento del delito por parte de jueces, secretarios, policías, abogados en libre ejercicio y otros funcionarios públicos. Estas personas habrían tenido que ver en el otorgamiento ilegítimo de acciones constitucionales a personas privadas de la libertad. La red delictiva captaba a sus integrantes a través de la entrega de dinero o favores a cambio de permitir que los PPL obtengan libertad.