La Constitución establece tres causales para que el Ejecutivo declare la Muerte Cruzada: la primera es que la Asamblea se arrogue funciones que no le competan constitucionalmente.
La segunda es si de forma reiterada e injustificada, el Legislativo obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Y la tercera por grave crisis política y conmoción interna.
Sin embargo, solamente la primera requiere de un dictamen de la Corte Constitucional (CC) para que se viabilice. Las otras dos solo requieren de un Decreto Ejecutivo que tiene como consecuencia la disolución de la Asamblea.
Los expertos en Derecho Constitucional, Gonzalo Muñoz y Libia Rivas, no identifican hechos concretos por los cuales el Presidente recurra a ninguna de las tres causales.
Pero ambos coinciden en que invocar la arrogación de funciones no detiene una eventual destitución por parte de la Asamblea. Lo contrario ocurre con las otras dos ya que, en el momento en que se emita el Decreto, se extingue el Legislativo.
La grave conmoción y crisis política sería la opción más cercana para el Gobierno. Muñoz explica que la argumentación que exponga no será sometida a ningún tipo de control, ni por la Asamblea ni por la Corte Constitucional.
Al final del día, cualquier mandatario podría invocar la Muerte Cruzada teniendo en cuenta que eso le significaría llamar a nuevas elecciones sin garantía de que podría retomar el poder.
Entonces, recurrir a esa opción es más una especie de pulso entre el Ejecutivo y Legislativo. Para el analista político Esteban Ron, que Lasso tome esa decisión se basaría en su negativa de someterse al “escrutinio exacerbado de la Asamblea por los ataques que ha recibido”.
Bloqueo del Plan de Desarrollo
El conflicto entre Ejecutivo y Legislativo escaló desde la misma designación de la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. Allí, Lasso perdió el apoyo del Partido Social Cristiano (PSC) con el que llegó al poder.
Desde entonces, las tensiones solamente se han incrementado y, por ejemplo, Lasso no ha presentado hasta el momento sus reformas laborales. Sin embargo, sí han existido leyes que han sido aprobadas. La última, por ejemplo, fue la Ley de Transformación Digital.
Por eso, Rivas señala que no habría razón suficiente para argumentar que es necesario disolver a la Asamblea por obstaculizar su Plan de Desarrollo. Ella recuerda que en este caso, tampoco se requiere de un pronunciamiento de la CC.
La situación del juicio político
En la CC está en curso una solicitud de juicio político en contra de Lasso planteada por la Asamblea. Sin el dictamen de admisibilidad, el Legislativo no podrá avanzar en su intención de interpelar al Primer Mandatario.
Ayer, en el Pleno de la CC no se alcanzaron los votos necesarios para aprobar el proyecto de dictamen realizado por la jueza Teresa Nuques. Por eso, nuevamente se sorteó el caso y recayó en el magistrado Richard Ortiz, quien deberá elaborar un nuevo proyecto de resolución.
Para que el proyecto se convierta en un dictamen de admisibilidad se requieren de seis de los nueve votos posibles. Solo después de eso regresará a la Asamblea para iniciar el juicio o para archivar la intención.