Agencia de Noticias Sputnik.- Los estados de excepción vigentes en Ecuador por 60 días desde el 24 de julio pasado, para el territorio nacional y para las cárceles, no han logrado contener la histórica ola de violencia.
Como una muestra de la inseguridad reinante, esta mañana se reportó una balacera en la avenida La Prensa y Edmundo Carvajal, en el norte de Quito.
“Víctor Herrera, comandante policial del distrito metropolitano, confirmó a Notimundo que hay un delincuente fallecido. Una perdona que había sido secuestrada fue rescatada”, confirmó la emisora local en Twitter (X).
Hace menos de 24 horas un dron con un explosivo adherido fue conducido hasta el techo de la cárcel de máxima seguridad conocida como “La Roca”, en la ciudad de Guayaquil (suroeste), y pudo ser “neutralizado” con una detonación controlada a remoto que destruyó el techo del penal.
Las últimas semanas han sido particularmente complejas, con la explosión de coches y detonación de artefactos en varias provincias, incluida la capital, así como balaceras, crímenes, amenazas de muerte, desapariciones y femicidios.
En tanto, el martes, la Corte Nacional de Justicia pidió al Estado proteger a una de sus juezas que lleva casos relevantes e investigar las intimidaciones recibidas por ella a través de redes sociales.
Este año también varios periodistas se vieron obligados a abandonar el país para cuidar su vida tras denunciar hechos de corrupción y la situación en las cárceles, entre ellos Anderson Boscán y Karol Noroña, reporteros reconocidos por abordar estos temas álgidos.
El ambiente se tornó particularmente complejo en el contexto electoral, primero a causa del asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, y pocas semanas después por el crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio, también baleado, previo a la primera vuelta en las urnas.
Villavivencio había denunciado amenazas de presuntos enviados del líder delincuencial Adolfo Macías (Fito), vinculado con el cartel de Sinaloa (México), luego de que el candidato criticara la alocución del reo desde la cárcel, donde anunció un presunto acuerdo de paz entre las bandas criminales para pacificar las calles y los penales.
Ello obligó al resto de los siete candidatos a la Presidencia a tomar más medidas de seguridad, con el uso de cascos y chalecos antibalas y con el reforzamiento de su escolta personal con personal militar.
Esta situación de inseguridad, sumada al desempleo y la pobreza, ha provocado el éxodo de unos 280.000 ecuatorianos y de 315.000 extranjeros, según confirmó el catedrático y antropólogo Jacques Ramírez a la emisora local Radio Pichincha.
Las causas estarían en el incremento de la producción de drogas ilícitas, en particular la cocaína, que en la región genera ingresos de hasta 320.000 millones de dólares, cifra superior al Producto Interno Bruto (PIB) de la mayoría de los países de esta zona geográfica, según publicó en el diario digital Primicias el abogado y analista Felipe Rodríguez.
CASO DURÁN
Entre los territorios afectados por la violencia está el cantón (municipalidad) de Durán, en Guayas (suroeste), cuyo alcalde Luis Chonillo pudo salvar su vida de un atentado en el que murieron otras tres personas.
Chonillo no había instalado la primera sesión de trabajo cuando tuvo que salir del país para evitar un ataque mortal, hasta que retornó y pudo retomar sus labores presenciales en territorio, pero ahora lo hace con casco y chaleco antibalas.
El diario Primicias señaló que la violencia se desató en este territorio tras la ruptura de un acuerdo entre bandas y el asesinato de un familiar del cabecilla de la banda delincuencial Latín Kings.
Entre el 1 de enero y el 11 de julio esa localidad registró 85 asesinatos, de los cuales 31 ocurrieron en junio y julio, de acuerdo con el medio de comunicación digital.
En total, la Alcaldía registrado ocho ataques contra sus funcionarios, el asesinato de dos funcionarios, el más reciente, el del concejal Bolívar Vera, quien fuera secuestrado mientras iba en un auto acompañado de su sobrino y cuyo cadáver apareció maniatado, un día después de su desaparición, en una vía a la costa.
Chonillo decretó tres días de duelo en Durán y exigió al Gobierno mayor protección para la sede de la municipalidad y sus funcionarios.
En una carta pública dirigida al presidente Lasso, el alcalde aseguró que, a pesar de las continuas advertencias y llamados desesperados al gobierno, continúan los hechos violentos contra los funcionarios.
Según alertó, desde el 24 de julio, fecha en que el mandatario firmó el estado de excepción, han ocurrido más de 30 asesinatos, incluyendo el del director de Planeamiento y Ordenamiento Territorial, Miguel Santos Burgos.
El presidente Lasso ratificó mediante Twitter al alcalde Chonillo su voluntad de apoyar al fortalecer a la fuerza pública e invertir en equipamiento.
Sin embargo, el ministro del Interior aseguró en entrevista con el medio local Visionarias que la cantidad de muertes violentas en las provincias ecuatorianas de Los Ríos (sur), Esmeraldas (norte), Manabí (occidente) y en el cantón Durán,de la provincia de Guayas (suroeste), todas localizadas en la región costa, se redujo en el actual estado de excepción vigente.
“En Durán (…) teníamos 67 muertes violentas, (…), ahora tenemos 17. Es una reducción del 75 porciento”, dijo el ministro en entrevista con el medio local Visionarias.
El ministro del Interior, Juan Zapata, señaló la necesidad de reformar las leyes, incluida la Constitución vigente de 2008, para privilegiar la lucha contra el crimen organizado.
NARCOTRÁFICO Y HOMICIDIOS
El Gobierno atribuye el incremento de la criminalidad básicamente a las disputas de las bandas delincuenciales por espacios territoriales por espacios para sus operaciones de tráfico de droga.
El medio digital InSight Crime asegura en un artículo que el aumento de la producción de droga ha sido proporcional con la violencia que registra Ecuador, agudizada en 2022 y en lo que va de 2023.
El sitio precisa que en 2015 la tasa de muertes intencionales en la nación ecuatoriana era de 6 por cada 100.000 habitantes, pero en 2022 ese indicador se disparó a 25,9.
Con esa estadística, el sitio Statista ubicó a Ecuador en el cuarto país más violento de la región Latinoamericana.
Cifras oficiales señalan que entre el 1 de enero y el 2 de julio de este año se contabilizaron 3.568 muertes, con lo cual estiman que hasta diciembre podrían sumar más de 7.000 el número de muertes intencionales, lo cual sería un nuevo récord negativo para Ecuador luego de las más de 4.500 homicidios en 2022.
El sitio Statista.com llama la atención respecto a que las provincias de mayor prevalencia del fenómeno de la criminalidad sean las que están ubicadas en la zona de la costa, entre estas Guayas, Manabí y Los Ríos.
Ello se explica, según el artículo, en el hecho de que los traficantes utilizan también el puerto de Guayaquil considerada entre las 25 ciudades más violentas de la región, ubicada en Guayas, la segunda provincia más violenta de Ecuador.
“Allí, los homicidios pasaron de 293 en 2016 a 2.033 en 2022, lo que da una tasa de homicidios de 46 por 100.000 habitantes. Otras provincias que experimentaron aumentos en la violencia, como Manabí y Los Ríos, también se encuentran en estas rutas”, dijo Insight Crime.
La red de periodistas de investigación Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), citada por la cadena estadounidense CNN, señaló que Los Choneros, por ejemplo, explotan esa ruta de drogas ilícitas del Pacífico, “que pasa por Ecuador y concentra el 74 por ciento de la cocaína que llega a América del Norte”.
El sitio digital Impunity Observer señala en un artículo publicado en 2022 que la violencia se agudizó cuando a fines de ese año fue asesinado José Luis Zambrano, alias Rasquiña, líder de la banda delictiva Los Choneros, a lo cual siguió una serie de hechos y masacres carcelarias que dejaron 398 muertos entre los reos.
La ola azota Quito, cuyo alcalde, Pábel Muñoz, mostró preocupación por lo que definió como la “semana más violenta” para esta ciudad, con la explosión reciente de dos coches, aunque sin víctimas reportadas, tras lo cual se reunió con el presidente Guillermo Lasso para analizar posibles acciones.
La situación parece incontrolable, por lo cual las esperanzas se centran ahora en lo que podrá hacer en apenas año y medio el nuevo Gobierno que resulte electo el 15 de octubre en las elecciones presidenciales anticipadas.
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