Hace 30 días, Josué, Ismael, Nehemías y Steven, fueron vistos con vida por última vez por sus padres. Ellos salieron de Las Malvinas a una cancha en la Coviem, en el sur de Guayaquil, para jugar fútbol.
Cuando iban a casa, fueron aprehendidos por dos patrullas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). Los 16 militares que se llevaron a los cuatro menores de edad, decidieron «dejarlos libres» cerca de la Base de Taura, en Naranjal, según las versiones oficiales emitidas por el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Desde entonces, no se supo del paradero de los cuatro menores hasta el 24 de diciembre, cuando se encontraron cadáveres en un recinto de Taura. El 31 de diciembre, se realizó la audiencia de formulación de cargos contra los uniformados por desaparición forzada y se confirmó que los restos eran de Josué, Ismael, Nehemías y Steven.
¿Qué pasó con los menores de edad?
El día de la desaparición, el padre de Josué e Ismael recibió la llamada de un hombre que dijo que encontró a los hermanos y a sus dos amigos en la carretera. Los menores, según la versión dada por uno de los familiares, estaban golpeados y sin ropa.
Esa persona que prestó su celular es un testigo clave en la investigación que lleva la Fiscalía. Por eso, el fiscal del caso solicitó al juez una fecha para receptar el testimonio de él y del papá de Josué e Ismael, que chateó con el hombre, quien le envió un GPS y le dijo que vayan a verlos «antes que la mafia se los lleve».
Los familiares de los menores llamaron a la Policía, se realizó un operativo en la zona, pero no los encontraron. Luego, el hombre volvió a llamar a insultar y a decir que «la mafia se los llevó».
Según Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente de Derechos Humanos y que acompaña a la familia de las víctimas, en la audiencia contra los 16 militares donde un juez les dictó prisión preventiva, se mencionó como elemento de prueba un video que se obtuvo durante un allanamiento.
Las imágenes son de las cámaras de vigilancia de la garita de la Base de Taura el día de la desaparición de los menores, cuando salieron cuatro motos. Sin embargo, advirtió que todavía no se ha determinado si fueron los mismos vehículos que se llevaron a los jóvenes.
Por su parte, el fiscal del caso confirmó la existencia de los videos. Y que la versión de las motos llevándose a los menores surgió del testigo clave que llamó a la familia.
Una fuente policial le comentó a Ecuavisa.com que entre las líneas investigativas, se sigue la versión de la presencia de una mafia que opera en Taura. Se conoció que en esa zona de Guayas, hay una fuerte presencia de Los Choneros.
Sobre los restos de los menores, el agente solo reveló que fueron hallados carbonizados. El abogado Fernando Bastias indicó que las pruebas de ADN estuvieron en tiempo récord, pero hasta el 6 de enero, no habían recibido oficialmente el informe legista para conocer las causas de muerte de los jóvenes.
En el tema judicial, la defensa de los militares interpuso un recurso de apelación a la prisión preventiva. Uno de los uniformados, incluso pidió permiso para ir a una cita médica en neurología. Hasta el 7 de enero del 2025, no había fecha de la audiencia de revisión de medidas y tampoco respuesta a la solicitud.
Tampoco se ha fijado una fecha para la reconstrucción de hechos en el caso. Algo que Bastias califica como vital para saber qué ocurrió desde que los menores de edad fueron aprehendidos por las dos patrullas en la avenida 25 de Julio, sur de Guayaquil.
Aceptación de habeas corpus y disculpas públicas
El 24 de diciembre del 2024, antes de la formulación de cargos contra los militares, una jueza aceptó un habeas corpus que interpuso la familia de los cuatro menores. En su resolución, dictaminó que se reconozca la desaparición forzada y que el Ministerio de Defensa pida disculpas públicas.
La Cartera de Estado cumplió con las disculpas. El ministro Loffredo lo hizo la noche del 6 de enero del 2024 en cadena nacional. Sin embargo, su discurso fue criticado por los organismos de derechos humanos.
Esto porque en su discurso, Loffredo calificó como absurdo e injusto la sentencia escrita por la jueza Tanya Loor. Aseveró que no tenía las facultades de declarar la existencia de desaparición forzada.
Bastias expresó que la apelación del Ministerio «demuestra el espíritu de cuerpo y la posición de impunidad que tiene el Ejecutivo», esto respecto al denominado caso Las Malvinas.
Mientras, las familias de Josué, Ismael, Nehemías y Steven, viven en luto. Exigen justicia y que aclare lo que sucedió con sus hijos.