El presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Andrés Quishpe, presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Integridad Pública. Lo hizo este lunes, 30 de junio de 2025.

Según el dirigente, esta normativa vulnera derechos fundamentales de miles de servidores públicos en Ecuador, especialmente el derecho a la jubilación voluntaria.

A través de la red social X se conoció la postura de la organización sobre la Ley de Integridad Pública. Según esta, la norma impide que docentes, médicos, enfermeras y otros trabajadores del Estado puedan retirarse voluntariamente a partir de los 60 años.

Eso debido a que supuestamente pierden el monto económico correspondiente a la compensación que anteriormente estaba garantizada.
Desde la organización se indicó que se está violentando un derecho adquirido y se pone en riesgo la estabilidad laboral de miles de trabajadores del sector público.

Acciones desde la UNE
Desde la UNE no se descartaron acciones de protesta y diálogo con otras organizaciones para defender los derechos de los trabajadores del sector público.

El gremio insistió en el pedido a la Corte Constitucional para que declare la inconstitucionalidad de la ley y se restituyan los derechos laborales.

Ley de Integridad Pública
El Pleno de la Asamblea aprobó la noche del martes, 24 de junio de 2025, el proyecto de Ley de Integridad Pública, con el informe para el segundo debate presentado por la Comisión de Desarrollo Económico y una moción con nuevos textos.

El presidente Daniel Noboa presentó la iniciativa legal como urgente en materia económica, es la segunda ley de este tipo, después de la Ley de Solidaridad Nacional contra la economía criminal.

En la norma se incluyen temas adicionales, como el incremento de penas para menores de edad.

Sector cooperativo también anuncia demanda

Juan Pablo Guerra, gerente general de la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur (UCACSUR), informó que el sector cooperativo ecuatoriano prepara una demanda de inconstitucionalidad sobre la Disposición Transitoria Décimo Primera de la Ley de Integridad Pública, que ya está vigente.

Esta disposición señala que se identificará a las cooperativas de ahorro y crédito que deberán transformarse en sociedades anónimas del sector financiero privado, bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos.

Esto una vez que se conforme la nueva Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y se emitan las regulaciones correspondientes. El plazo es de 90 días contados a partir de la conformación de sus miembros.

Guerra advirtió que esta medida vulnera la naturaleza misma del cooperativismo. La cual se basa en la democracia, la ayuda mutua y el control colectivo, y no en la maximización del lucro como ocurre en las sociedades de capital.

“No se puede permitir que una normativa cambie la visión social que miles de ecuatorianos han decidido construir voluntariamente en sus comunidades», enfatizó.