Diario El Comercio.- El presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, y otras autoridades estatales acudieron a la Asamblea Nacional la tarde de este 4 de mayo del 2023. El objetivo fue entregar un proyecto de reformas al Código Integral Penal (COIP) para “combatir la corrupción y el crimen organizado”.
Este proyecto de ley contempla reformas al Código Integral Penal (COIP), al Código Orgánico de la Función Judicial y a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales.
Por su parte, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, dijo que el Consejo de Administración Legislativa dará trámite al proyecto y luego lo trasladará a la Comisión de Justicia.
Las principales propuestas
Saquicela explicó que esta propuesta de reforma al COIP busca modificar el texto de dos tipos penales: el peculado y lavado de activos. El objetivo es redactar de forma más precisa para que fiscales y jueces puedan interpretar de mejor manera al investigar o juzgar ambos delitos.
Otra propuesta es que la Fiscalía pueda declarar casos de terrorismo, corrupción o crimen organizado como “complejos” para darles un tratamiento especial y diferenciado.
Por ejemplo, se busca que la investigación previa pueda extenderse de dos a cuatro años en esos casos y en lugar de que la fase de investigación pública dure 90 días, pueda durar 180 días. De esa forma, la Fiscalía tendría más tiempo de indagación.
En el proyecto normativo también se establecen reglas para individualizar los tipos de bienes que tendrán prohibición de enajenación en casos de corrupción. El objetivo es poder garantizar una reparación económica al Estado, cuando exista una sentencia.
Otra de las propuestas es que los miembros de grupos de delincuencia organizada o presos de alta peligrosidad sean ubicados en zonas diferenciadas, en los diferentes centros carcelarios del país.
Reunión con autoridades del ámbito de seguridad
Este 4 de mayo del 2023, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, jueces de la Sala Penal de ese Alto Tribunal y jueces anticorrupción se reunieron con el secretario de Seguridad Pública, Wagner Bravo y el consejero de Gobierno para la Seguridad, Paco Moncayo.
El objetivo del encuentro es analizar las últimas decisiones en materia de seguridad, lucha contra el crimen organizado y propuestas de la Mesa Interinstitucional sobre seguridad y lucha contra el crimen.
Durante esta reunión, Saquicela dijo que no es posible que haya crimen organizado y un Estado desorganizado. “Por eso planteamos trabajar de forma conjunta de acuerdo a cada atribución institucional”.
En esta reunión se planteó la preocupación de la Policía y Fuerzas Armadas que, tras la ejecución de sus funciones contra del crimen organizado y el terrorismo, tengan que afrontar procesos judiciales por extralimitación de la fuerza.
Por eso, “se plantea una reforma legal para que Fiscalía realice una investigación integral ante de formular cargos como sospechosos a miembros de la fuerza pública”, indicó uno de los magistrados presentes en la reunión.
La declaratoria del terrorismo como amenaza
El presidente Guillermo Lasso emitió, ayer (3 de mayo del 2023), un Decreto Ejecutivo que declara al terrorismo como amenaza contra el Estado.
Allí, el Primer Mandatario dispuso a las Fuerzas Armadas que realicen operaciones militares en todo o en parte del país, para enfrentar y contrarrestar a las personas y organizaciones terroristas.
Además, ordenó que las fuerzas militares repriman la amenaza terrorista con todos los medios a su disposición, en coordinación con la Policía Nacional.
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