La Asamblea Nacional tratará en segundo debate un paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este 15 de febrero de 2024, el Parlamento definirá, entre otras cosas, tipificación de nuevos delitos y aumento de penas.
Sin embargo, dos cambios han generado polémica. El primero tiene que ver con modificaciones al recurso de revisión para las sentencias ejecutoriadas. El segundo tiene que ver con la información que estaría obligada a entregar la Fiscalía a entidades como la Asamblea para procesos de fiscalización.
La bancada de Construye se pronunció sobre el cambio para solicitar la revisión. El movimiento político señaló: “La reforma al COIP que pretenden aprobar el jueves ya fue anunciada por Andrés Arauz. Cambiar las leyes a medida del ‘regreso’ de RC (Rafael Correa) a pesar de sus delitos y sus sentencias”.
¿Qué plantea el informe?
La reforma plantea que ese recurso podrá proponerse en “cualquier tiempo, ante la Corte Nacional de Justicia, después de ejecutoriada la sentencia condenatoria”.
Pero plantea, como una de las causas, un pronunciamiento de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y Naciones Unidas.
El informe para segundo debate plantea que dichos pronunciamientos se tomen en cuenta cuando “identifican violaciones a los derechos humanos o errores en el debido proceso en sentencias condenatorias”.
Pero además establece que dichos “pronunciamientos o recomendaciones serán consideradas como fundamentos legales válidos para la revisión judicial de las sentencias en Ecuador”.
Ante esta posibilidad ya hay pronunciamientos de otras bancadas. Vicente Taiano, coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC) señaló en su cuenta de X que no están de acuerdo en que proceda la causal nueva para el recurso de revisión.
Esto porque las comisiones de ONU son órganos complementarios que no se pronuncian sobre temas procesales.
Reacción de la Fiscalía
La Fiscalía General también se pronunció. En un comunicado difundido este 14 de febrero, la entidad señaló: “expresa su preocupación y su rechazo ante el intento de desnaturalizar el sistema de justicia penal del Ecuador, a través de la inclusión de figuras que provocarán la impunidad en causas penales que cuentan ya con sentencias condenatorias ejecutoriadas”.
También tiene reparos a la posibilidad de archivar investigaciones previas cuyos delitos aún no han prescrito “so pena de sancionar a los titulares de las acciones penales públicas sin tomar en cuenta que existen investigaciones que implican un tiempo mayor a uno o dos años”.
Sobre el segundo reparo, el informe dice los siguiente: Se excluye de esta reserva aquellos casos en los que los organismos de control político, jurídico o administrativo, como el Consejo de la Judicatura, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Asamblea Nacional, soliciten información de casos o hechos que se encuentran en investigación previa.
En dichos casos, el proyecto plantea que la Fiscalía, sin la excusa de la reserva, remitirá toda la información requerida.
Sobre esto, la Fiscalía dice que pone en riesgo el éxito de las investigaciones y operativos en coordinación con la Policía, al intentar exigir la entrega de información que reposa en sus expedientes con una cláusula de reserva.
Los cambios se discutirán en el Pleno y esa instancia decidirá si se aprueba o no. Para esto se requieren, al menos, 70 votos. La sesión está convocada para las 10:00.
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