La vicepresidenta Verónica Abad, en un mensaje desde Ankara (Turquía), reaccionó este 10 de noviembre a la suspensión por 150 días que dictaminó sobre ella el Ministerio de Trabajo, con un sumario administrativo.
Abad hizo un llamado a la Fiscalía, a la Asamblea Nacional y la Contraloría para que intervengan en lo que considera una «grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas».
La segunda mandataria, empezó su mensaje asegurando que Ecuador está enfrentando «un ataque sin precedentes a su estado de derecho, a la independencia de poderes y a los principios de orden que nos definen como sociedad».
Abad explicó que la sanción impuesta por el ministerio no es aplicable para funcionarios electos en las urnas. «Pretenden inhabilitarme por cinco meses por una falta no cometida y sin prueba alguna», dijo.
Abad, además, hizo llamado -«fuerte y contundente»- a las autoridades de control social y transparencia, a las fuerzas sociales y políticas a «perder el miedo que ha querido impartir un Gobierno de terror».
A la Fiscalía pidió iniciar una investigación por un posible delito de arrogación de funciones; y la Asamblea pidió fiscalizar las acciones de la presidencia de la República, de la Cancillería y el Ministerio del Trabajo en su contra; y a la Contraloría pidió un proceso de control sobre su traslado a Turquía y el sumario administrativo.
El conflicto
La sanción ocurre en momentos en que Ecuador ha entrado en un proceso electoral en el que el presidente Daniel Noboa es uno de los candidatos presidenciales para gobernar el país entre 2025 y 2029.
Según la ley, para hacer campaña electoral, Noboa —que asumió el poder en noviembre pasado— debe delegar temporalmente el cargo a su vicepresidenta, con quien mantiene un pulso político, evidenciado desde el inicio del Gobierno, cuando la envió como embajadora a Israel.
El Ministerio de Trabajo abrió un sumario administrativo contra Abad (quien fue elegida por votación popular), al considerar que no llegó desde Israel a Turquía en la fecha establecida por el Ejecutivo, en momentos en que se producía una escalada bélica en Oriente Medio.
La decisión del Ministerio de Trabajo se dio tres días después de que el TCE multó a Abad con 8.500 dólares, pero no le suspendió sus derechos políticos como solicitaba una denuncia por haber hecho campaña electoral antes de plazo en los comicios electorales de 2023, cuando fue candidata a la alcaldía de Cuenca.