La vacancia por 60 días ‘no afectaría’ las funciones jurisdiccionales de la Corte Constitucional (CC), pues una de las razones por las cuales el Consejo de Participación Ciudadana (CPC) cesó a sus nueve jueces fue mantener casos rezagados desde el 2009.
Según el CPC de transición, incumplían su función de despachar causas.
La consecuencia de dejar a la CC sin titulares fue iniciar una vacancia de 60 días, plazo en el que se presume ya estarán designados sus reemplazos.
En este periodo se dispuso que todas las acciones, demandas, peticiones, serán “receptadas y remitidas sin obstáculo”; y que “plazos, términos y consecuencias jurídicas y demás competencias de la Corte están suspendidas hasta la posesión de los nuevos magistrados”.
La oficina de atención ciudadana sigue receptando las demandas y pedidos, pero no se tramitarán hasta que se posesione a las autoridades.
El informe de evaluación del CPC transitorio detalla que entre el 2012 y julio del 2018 se receptaron 25.840 procesos. Solo 15.326 fueron sustanciados en la Sala de Admisión, “lo que representa que no han admitido, inadmitido o rechazado 10.514 causas”.
En los despachos, hasta julio pasado, se registraron 3.187 causas en trámite: ocho jueces tenían más de 300 en sus escritorios, a excepción de Manuel Viteri, que tenía 459.
El consejero Xavier Zavala se abstuvo de votar por el cese, pues consideraba que podía pedirse un informe de gestión, pero no aplicar la “facultad extraordinaria de cesar”.
Sin embargo, apoyó la convocatoria al nuevo concurso de selección, y la suspensión de los plazos y términos porque “no había otra alternativa”.
Reconoce que la vacancia es un “vacío que se creó” por la salida de los jueces y la incapacidad del CPC de nominar autoridades de justicia. “Pero sostengo que los derechos están protegidos por los jueces de primera instancia que velan por las acciones de protección y los derechos constitucionales de la ciudadanía”, dice.
El abogado Stalin Raza cree que esta vacancia no tendrá un “efecto traumático”, pues “si ahora no hay jueces que despachen, antes había jueces, pero tampoco se despachaba”.
Y exhorta a que la nueva Corte se dedique a despachar y “en los primeros cien días” se ponga “al día”; y que no divague en discusiones teóricas.
El constitucionalista Ismael Quintana no está de acuerdo en que se haya llamado vacancia a esta transición, pues pese a estar “acéfala” continuará funcionando. “Que haya o no Corte nos da lo mismo, pues en diez años hubo denegación de justicia constitucional para los ecuatorianos”, reclamó.
A su criterio, los próximos magistrados tendrán la tarea de conocer y despachar los casos rezagados y deberían hacerlo “por orden cronológico” desde rezagadas desde el 2009.
Tanto Quintana como Raza recuerdan que el país ya estuvo meses sin un órgano de interpretación constitucional.
Por ejemplo, en 1999 el extinto Tribunal Constitucional (TC) concluyó su periodo y “no tuvimos tres meses el tribunal y no pasó nada”, dijo Quintana.
Mientras Raza rememoró el suceso de 2007 cuando el llamado ‘Congreso de los Manteles’ destituyó al TC y “solo quedó personal administrativo, y no le pasó nada al país”. (El Universo)