Una delegación de más de 30 víctimas de la usura se reunió, este lunes 27 de agosto, con los asesores del Consejo de la Judicatura (CJ), Pedro Rosales y Esteban Donoso.
Ahí los afectados expusieron las inquietudes que tienen sobre la actuación de jueces, fiscales e incluso peritos, en los casos que ellos siguen por este delito, establecido en el artículo. 309 del COIP.
A nombre de los perjudicados, Aldo Uquillas, asesor jurídico de la “Asociación contra la usura”, pidió al CJ que realice un adecuado control de los procesos judiciales en los que se presenten quejas, a fin de determinar si existen o no errores de los jueces.
Aseguró que se espera que se reúna la Mesa de Justicia para que las autoridades de la Fiscalía, Policía Nacional, Servicio de Rentas Internas, defensorías Pública y del Pueblo, aborden este tema. Solicitó, además, al Consejo que capacite a los operadores de justicia a nivel nacional para evitar la diversidad de criterios al momento de sancionar este delito.
Los afectados por los usureros, que llegaron desde Azuay, Chimborazo, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Loja, Pichincha, aseguraron que en muchos casos se violenta el debido proceso, los juicios se dilatan, prescriben o se archivan; y no se cumple lo que determina la ley.
Pedro Rosales, asesor de la presidencia del CJ, explicó que entre las prioridades de la institución está la “lucha frontal” contra la usura.
Indicó que la Judicatura dará seguimiento a cada una de las causas presentadas por los perjudicados y les recordó que el Consejo no interviene en temas jurisdiccionales, pero sí puede revisar la actuación de los operadores de justicia, por lo que les solicitó que presenten las quejas pertinentes.
La ciudadanía no debe firmar letras de cambio, cheques o documentos en blanco, dijo el doctor Rosales, al recordar que los usureros se aprovechan para adulterar dichos papeles.