Luego de casi cinco meses de vacancia, Ecuador contará con una nueva Corte Constitucional (CC). El nuevo cuerpo colegiado (9) fue validado el lunes 28 de enero por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCST).
Los juristas Hernán Salgado, Teresa Nuques, Agustín Grijalva, Ramiro Ávila, Alí Lozada, Daniela Salazar, Enrique Herrería, Carmen Corral y Karla Andrade serán posesionados en los próximos días en la Asamblea. Ellos lograron los mejores puntajes de los 23 candidatos inscritos en el concurso.
Los siguientes mejores calificados entrarán al banco de elegibles. Es decir, estarán disponibles en el caso de ausencia temporal o definitiva de los titulares. Ambos grupos estarán nueve años en funciones y la renovación parcial de los jueces principales se realizará cada tres años, según lo determina la Constitución del Ecuador.
A ellos les espera un trabajo acumulado. En la Corte reposan 14.000 causas, de las que 11.000 no fueron tramitadas por los anteriores jueces.
El 85% de esos procesos son acciones extraordinarias de protección. Para acelerar los procesos, tres juristas proponen una hoja de ruta. No se descartan reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
André Benavides, constitucionalista, dice que eso mejorará el despacho rápido de las causas. Plantea modificaciones de acuerdo al artículo 191, numeral 8 de la ley.
Allí se establece la facultad a la Corte para expedir, interpretar y modificar los reglamentos internos para su funcionamiento. Aclara que el actual reglamento no se adapta a los plazos y términos que da la Constitución y la ley.
“Por eso, hay casos que se han quedado en la congeladora”. Stalin Raza, quien participó en el concurso para la Corte, pero renunció al denunciar presuntas irregularidades, cree que la reforma debe ser más profunda.
Él propone la unificación de la Corte Nacional de Justicia con la Constitucional. De esa fusión nacería una nueva Corte Suprema. Eso permitirá, por ejemplo, que los recursos de casación se descentralicen y se tramiten en las provincias. “Para eso es necesario una reforma constitucional que altere la estructura fundamental de la Carta Política y eso implica una consulta popular”, dice Raza.
Cambios administrativos
Dentro de la CC revelan que para acelerar el trámite de las causas, los nueve jueces deben analizar el aumento de las sesiones por semana. En la administración anterior (Alfredo Ruiz) se desarrollaban dos, incluso -agregan- los viernes se trabajaba hasta el mediodía.
“Eso debe cambiar”, mencionan, al revelar que elaboran un mecanismo electrónico para distribuir equitativamente las causas. Su implementación dependerá de los nuevos jueces. También deben priorizar los procesos.
Según fuentes de la Corte, hay recursos de protección por deudas de $ 5 hasta temas controversiales como corridas de toros. La institución debe dar un dictamen por los vetos que emitió el mandatario Lenín Moreno al Código Orgánico General de Procesos (Cogep) y a la nueva ley de la Defensoría del Pueblo.
La jurista María Dolores Maldonado, quien está en el banco de elegibles, considera que los jueces deben dictaminar con base en la jurisprudencia nacional. “Eso permitirá que los jueces ordinarios sepan interpretar la Constitución. Todos dependen en parte, de los criterios de la Corte para sus decisiones”, aclara.
Además de ajustarse a la legislación internacional. La anterior Corte, indica, no consideró aquello cuando el Estado ratificó tratados internacionales. (El Telégrafo)
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