En marzo de este año arrancó en reserva una indagación. La Fiscalía rastreaba una presunta red de corrupción que se habría articulado alrededor del contrato para la construcción del hospital Básico de Pedernales, en Manabí.
Tres meses después, tras 16 allanamientos realizados en las provincias de Manabí y Pichincha, existen 15 personas vinculadas, de las cuales 12 están con prisión preventiva y tres con medidas cautelares.
Además, corre el plazo de 90 días para que la Fiscalía profundice las investigaciones, recabe más elementos de prueba o evidencias para sustentar la acusación, que deberá hacerla en la audiencia preparatoria de juicio, cuando concluya el plazo.
Las detenciones
El primer gran golpe se produjo el 14 de mayo. En operativos conjuntos, personal de la Fiscalía y de la Policía realizaron seis allanamientos en Portoviejo, Calceta, Pedernales y Bahía de Caráquez, que dejaron un saldo de nueve detenidos y $ 1’694.720,80 decomisados.
Por pedido de la Fiscalía, la jueza de Garantías Penales de Manabí dictó prisión preventiva para Franklin C., José V., Danilo V., José S., José P., Jean Carlos Benavides. (asesor del asambleísta de Alianza PAIS Daniel M.) y Miguel G., mientras que, para Esteban V. y Mario O. dispuso medidas alternativas.
En contra de ellos se formularon cargos por su presunta participación en el delito de lavado de activos. La madrugada de este viernes, en 10 allanamientos realizados en Quito, Portoviejo y Bahía de Caráquez, fueron detenidos el asambleísta Daniel Mendoza, el director del Servicio de Contratación de Obras (Secob) Edmundo Tamayo, Jennifer C., Tania C., Ángel A. y Olga M.
En audiencia de formulación de cargos que se cumplió hasta la medianoche del viernes, el juez nacional Marco Rodríguez dispuso la prisión preventiva de los detenidos, excepto de Olga M., a quien dispuso arresto domiciliario.
En la audiencia, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, formuló cargos contra las seis personas por delincuencia organizada.
Denuncia para destituir a legislador fue enviada al CAL
La asambleísta Verónica Guevara, de la Revolución Ciudadana, presentó una denuncia ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL) en contra del legislador Daniel Mendoza, en la que solicita su destitución.
Guevara fundamenta su pedido en los numerales 2 y 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por ejemplo, el # 2 indica que los asambleístas no pueden “ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del Presupuesto General del Estado (…)”.
Al respecto, el asambleísta Héctor Muñoz, por el movimiento SUMA, dijo que hay que esperar que el CAL forme una comisión tripartita para analizar el caso, que luego emitirá un informe para tratarlo en el pleno.
Mientras que Luis Pachala, asambleísta de CREO, enfatizó que el bloque reprocha el accionar del legislador, que no es acorde a las funciones de los parlamentarios, las cuales son fiscalizar y legislar. (El Telégrafo)