La Secretaría de Rehabilitación quiere saber qué sucedió con 214 armas de fuego de un total de 733 entregadas a los guías penitenciarios y que están desaparecidas hasta hoy.
Por eso, el pasado 4 de enero pidió a la Contraloría que realizara un examen especial para determinar responsabilidades y descubrir qué sucedió.
La petición se planteó con base en el informe que en el 2016 presentó la Dirección de Seguridad Penitenciaria.
Según esa información, que ahora reposa en el ente de control, en ese año la Dirección de Seguridad Penitenciaria realizó un conteo físico y constató que existen 519 armas.
Sin embargo, el Departamento de Bienes del hoy desaparecido Ministerio de Justicia había dicho que en las cárceles del país existen 733.
¿Qué sucedió con 214 armas?
El director de Rehabilitación, Ernesto Pazmiño, dice desconocer cómo se extraviaron. Por eso solicitó una constatación física del arsenal para “determinar quién las saco de las diferentes cárceles del país y en dónde están”.
El pasado jueves dijo que el material no aparece. Un guía penitenciario, que lleva nueve años en esa tarea, asegura que las armas del arsenal entraban y salían de los centros de almacenamiento “sin control ni verificación”.
Dice que esto ocurría con frecuencia antes del 2015, porque no había una persona encargada de supervisar qué cantidad de armamento había en cada centro de rehabilitación.
Tampoco se contaba con un sistema que verificara si se devuelve después de cada turno.
Personal que trabaja en las cárceles recuerda que tampoco se llevaba un inventario para detallar el estado en el que se encuentre el armamento. Un guía asegura que actualmente “hay un control más riguroso” y que incluso se cuenta con un supervisor.
En el reglamento de Administración y Control de Bienes del Sector Público (art. 151) se establece que cuando un bien haya desaparecido por hurto o robo, el custodio administrativo deberá comunicar inmediatamente por escrito al titular de la Unidad Administrativa.
Hace tres años, la Dirección de Seguridad Penitenciaria recomendó al Ministerio Justicia realizar una auditoría donde se determine a los responsables de la desaparición y así emprender acciones administrativas o legales.
Otra sugerencia que se estableció en el informe del 2016 fue que el Ministerio de Justicia implemente un sistema informático.
La idea era controlar a los celadores y al equipamiento que poseen. Pero agentes penitenciarios aseguran que ninguna de esas acciones se concretó.
De hecho, este informe fue archivado después de 414 días por el Ministerio de Justicia, de ese entonces. Entre las armas extraviadas están escopetas, pistolas, revólveres, repetidoras, carabinas y lanzagranadas.
En el informe de la Dirección de Seguridad Penitenciaria se detalla también que de las 519 armas que aún existen en los centros de rehabilitación del país, 132 no tienen documentos que respalden su procedencia.
Adicionalmente existen 273 equipos que presentan “inconsistencias en los números de serie”. En ese grupo constan carabinas, escopetas, pistolas repetidoras y revólveres.
Agentes que trabajan en el Grupo de Operaciones Alpha (GEA) también indicaron que de las 165 armas que actualmente tienen en Quito, únicamente 10 funcionan y eso gracias que el personal ha costeado el mantenimiento. (El Comercio)
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