La Fiscalía General del Estado indagación 68 casos relacionados con delincuencia organizada en la adquisición de carnés de discapacidad; de los cuales, cuatro se acumularon en una sola investigación por tener fuero de Corte Nacional al tratarse de funcionarios con rango de ministros, asambleístas o jueces.
La información la entregó la fiscal general, Diana Salazar, a la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional que fiscaliza la emisión irregular de carnés de discapacidad que involucraría a políticos, autoridades públicas y familiares.
La Fiscalía, añadió Salazar, estructuró un plan integral de investigación porque con seguridad se enfrentarán a una estructura de delincuencia organizada, y lo que se ha podido advertir es la modalidad de los delitos en la conformación a nivel cantonal y provincial, a través de estructuras delictivas organizadas siempre con la participación de funcionarios públicos especialistas de la salud y personas naturales de enlace, cumpliendo roles de gerenciamiento y de apoyo financiero.
Estas estructuras se han formado para la comisión de varios tipos penales como delitos contra la fe pública; es decir, el uso doloso de la credencial de discapacidad que puede desencadenar en delitos aduaneros y tributarios porque han sido obtenidos para acceder a exenciones tributarias.
La Fiscalía recabó todas las noticias crimines relacionadas con la tramitación, emisión y uso de los carnés de discapacidad y se han agrupado por provincias; para ello, están asignados cuatro fiscales especializados, los cuales cuenta con el apoyo de las unidades especializadas de investigación de la Policía Nacional.
Los casos que indaga la Fiscalía son 68, de los cuales cuatro se acumularon en una sola investigación por tener fuero de Corte Nacional llámese ministros, asambleístas o cualquier otra autoridad. Los demás están distribuidos de la siguiente manera: 34 casos en Guayas; 17 en Pichincha; 9 en Esmeraldas; 4 en Los Ríos; y un caso cada uno en las provincias de San Elena, Azuay, Sucumbíos y El Oro. De este grupo en Guayas se encuentra el mayor número de personas que están siendo indagadas.
Con la investigación lo que se va a determinar quiénes han permitido que las personas que no tengan la condición de discapacidad se hayan beneficiado y señalar qué tipo de beneficio han obtenido.
Al momento se firmó un convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Salud; el Servicio de Rentas Internas; el Consejo Nacional de Igualdad para las Discapacidades, bajo la dirección de la Fiscalía General, y al momento se ha invitado a la Secretaría Nacional de Aduanas y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, cuyo objetivo es lograra el intercambio de información de manera ordenada, organizada y que pueda fluir.
Participación de empresas privadas
El pasado 6 de julio, la Fiscalía inició la indagación respecto a la emisión irregular de carnés de discapacidad y se investiga como un caso de delincuencia organizada donde se toman en cuenta las noticias criminis que vinculan la participación a personas con fuero de corte. Por estar dentro del proceso de indagación, la Fiscal General dijo que no puede revelar mayores detalles y menos nombres, porque se investigan hechos y no personas, y además se alejan de lo político.
Ante los asambleístas, la Fiscal Diana Salazar afirmó que la problemática en este caso está por redes que se han creado para el otorgamiento de los carnés.
Y aseguró que en este caso no solo participa una estructura conformada por funcionarios públicos, sino también tiene la participación de la empresa privada; es decir, aquellas personas que han promovido la adquisición y obtención de estos carnés para que puedan ser a su vez beneficiarios de estas exenciones en el campo tributario y aduanero.
La investigación se dividió en dos fases: la primera, sobre la emisión fraudulenta de carnés durante la emergencia sanitaria y la segunda, lo que pasó antes de que el país entre en emergencia. No es posible que mientras los ecuatorianos y el mundo tenía que guardarse para evitar contagios de coronavirus, había un grupo de alrededor de 2000 personas que se dedicaban a obtener de discapacidad y a importar vehículos, comentó.
La Fiscal hizo un llamado a la sociedad civil de que si tiene información que coadyuve a las investigaciones realice la entrega correspondiente con la reserva de caso, para corroborar los datos que se indagan al momento. (El Universo)
Be the first to comment