Trabajan con temor. No saben si el próximo ‘cliente’ los sorprenda y les arrebate violentamente sus pertenencias, como ha sucedido con sus colegas que incluso han perdido la vida en manos de la delincuencia, en distintas ciudades del país.
Son taxistas formales que piden más seguridad y rechazan las bajas que ha dejado la delincuencia en el gremio amarillo. Solo en una semana, dos casos: Manuel Alarcón, de 54 años, taxista de Ambato que murió tras recibir más de 15 puñaladas del supuesto cliente que trató de quitarle el dinero del día, el 3 de mayo. Y Jorge Celi, de 62 años, asesinado con un tiro por evitar que le roben a su pasajero, el 9 de mayo en Sucumbíos.
En 2013, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) implementó el proyecto Transporte Seguro, que incluía la colocación de kits de seguridad (cámaras con sistema de audio, localización satelital, botones de auxilio y otros, interconectados con el ECU-911) en taxis y buses, a nivel nacional. En ese entonces se dijo que sería para 38.000 taxistas legalizados y 17.000 buses.
Cinco años después, no todos lo tienen o trabajan con los equipos dañados, puesto que habría demoras de meses en los arreglos y los costos serían elevados, coinciden los taxistas, quienes cuestionan que solo una empresa (con sede en Guayaquil) tenga a cargo la reparación y mantenimiento de todos los equipos del país. Otros aún esperan que la ANT les dé los kits que han pedido.
Desde $ 28 por un chequeo o revisión ocular hasta $ 800 costarían los mantenimientos y arreglos de las cámaras y equipos, aseguran taxistas y dirigentes entrevistados en cinco provincias. A eso le suman que deben enviarlos a Guayaquil para las reparaciones que en unos casos ha tomado más de ocho meses, afirman.
De estos inconvenientes conocen las autoridades nacionales, dicen. Bolívar Sucuzhañay, presidente de la Unión de Taxistas de Azuay, cuenta que en caso de no haber una respuesta favorable en los próximos días, se declararán en rebeldía sobre el uso obligatorio del kit.
En Tungurahua, Lliovany Sánchez, presidente de la Unión Provincial de Taxistas, considera vital el funcionamiento del kit de seguridad, ya que permite alertar a la Policía (por el ECU-911) de actos delictivos de los que son víctimas. Aquí se estima que el 30% de las unidades de transporte público no cuenta con este servicio.
Su gremio le ha pedido al Gobernador (Juan DeHowitt) que ayude a gestionar, ante la ANT, la instalación de un taller en Tungurahua para el mantenimiento y reparación de los equipos, pues deben enviarlos siempre a Guayaquil, donde incluso se han demorado hasta dos años en regresarlos, dice.
En Tungurahua, el gremio amarillo va a verificar cuántos de los 2.464 taxis que hay en 53 cooperativas no tienen este servicio en óptimas condiciones.
En Santa Elena, al menos el 50% de los taxis no posee el kit de seguridad y esperan que el desembolso se haga pronto. “En estos meses estimamos que se concrete porque el ministro de Finanzas acaba de firmar la cantidad de $ 65 millones para cubrir a nivel nacional”, le dijeron a Carlos Ruiz, presidente de la Unión de Cooperativas de Taxis de la Península, donde hay 2.020 taxis, de 47 compañías y cooperativas. Las que lo tienen son las creadas hasta 2013.
De los 8.000 taxistas de Manabí, 7.000 tienen el kit. El resto no porque en unos casos las municipalidades han dado cupos sin que las nuevas tengan los sistemas, asegura Jimmy Calle, presidente de la Unión de Cooperativas de Taxis.
En Montecristi, por ejemplo, de los más de 200 taxistas, solo 39 tienen el kit de seguridad. José Luis Anchundia, el taxista asesinado el 14 de abril por los dos supuestos clientes que le hacían la carrera, no tenía el sistema. Él es una de las cuatro víctimas mortales del gremio amarillo que ha dejado la delincuencia en Manabí en lo que va de este 2018.
Solo en Manta se calcula que unos 40 taxistas han sido asaltados en este año y han denunciado el hecho, expone Gilberto Vásquez, dirigente de la Federación de Cooperativas de Taxis de Manta. En ese estimado no constan los que por miedo callan, como un taxista que a inicios del año fue agredido con un cuchillo por un sujeto que presuntamente asesinó al primer taxista local de este 2018.
Por ello, los taxistas de Manabí no descartan una marcha en los próximos días.
En los taxis que tienen cámaras se ha podido identificar incluso a conductores que han agredido a usuarias, como ocurrió en Santo Domingo, donde fueron denunciados y separados del gremio.
Pero no en todos los casos, el kit de seguridad es garantía de protección. Hace tres meses, Jorge Riera, taxista cuencano, presionó varias veces el botón de seguridad o de pánico, como lo conocen los conductores, para pedir ayuda por un sospechoso que iba en su taxi.
Al no tener respuesta, se metió al Centro Histórico de la ciudad, engañó al malandrín y paró el taxi en media calle. Ahí pidió ayuda a la gente de la zona para bajarlo a la fuerza. “La próxima no te salvas”, le aseguró el hombre. (I)
800
Dólares, el costo tope por arreglo de kit, según los taxistas.
Más detalles
Alertas
Piden que no cubran kit
Andrés Naranjo, coordinador Zonal 3 del ECU-911, dice que hay denuncias de usuarios de taxis que dicen que choferes limitan el uso del botón de pánico y lo cubren con una tapa.
En Tungurahua
En 2017, 197 alertas por el botón de pánico en el transporte público. Y ahora, 69.
(El Universo)