El Consejo de la Judicatura (CJ) implementará un plan piloto para que los operadores de justicia apliquen, de manera efectiva, las disposiciones de la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, la cual está vigente desde el 5 de febrero pasado.
Esta es una de las acciones que, el Pleno del CJ, el fiscal general del Estado, Paúl Pérez Reina, y el defensor público, Ernesto Pazmiño, analizaron en una reunión realizada, este 2 de julio, con el objetivo de definir políticas que permitan cumplir con la normativa.
Esta estrategia se pondrá en marcha en la Unidad de Flagrancia de la ciudad de Quito, ubicada en la avenida Patria y 9 de Octubre, la cual permitirá identificar las necesidades para el fortalecimiento institucional.
El Presidente de la Judicatura, Marcelo Merlo, señaló que entre las autoridades se intercambiaron criterios en cómo se inicia el plan piloto en Quito tomando en cuenta el modelo de gestión que se aplica en la capital. “Queremos actuar con serenidad, objetividad, transparencia y, sobre todo, con efectividad”, dijo.
Según el doctor Merlo, se debe hacer una readecuación de las dependencias judiciales para dar una respuesta inmediata a la ciudadanía.
De su parte, la vocal Zobeida Aragundi Foyaín explicó que este plan piloto servirá para levantar información, recoger insumos y experiencias de otros actores e instituciones. “No contamos con una línea de base creíble para partir, no tenemos proyectos basados en realidades y tampoco existen estudios comparativos para la implementación de esta Ley”.
Comentó que la situación del sistema judicial es crítica ya que durante la gestión anterior no hubo capacitación a los operadores de justicia en esta materia, además, faltan médicos legistas, defensores públicos, trabajadores sociales y psicólogos para la atención inmediata de este tipo de casos.
El plan piloto propone, entre otras acciones, el diseño de un protocolo de atención especializada para niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia. También la elaboración de un Estudio Técnico y Plan de Acción, desde julio de 2018 hasta enero de 2021, para implementar la Ley y atender la carga procesal de los jueces.
Asimismo, se plantea un trabajo coordinado entre el CJ y la Defensoría Pública para evaluar la realización de audiencias y la defensa de las víctimas, además de la efectividad del sistema de turnos de trabajo de los operadores de justicia.
En este marco, el fiscal Paúl Pérez Reina destacó la iniciativa y sostuvo que todas las medidas que se adopten constituyen un esfuerzo común en beneficio de las personas que han sufrido agresiones.
En tanto que el defensor Ernesto Pazmiño dijo que hay mucho trabajo que hacer para implementar la Ley. Señaló que hace varios meses propuso que se declare en emergencia a la justicia por el tema de violencia de género pues considera que hay una despreocupación en el sistema para responder adecuadamente a este problema.