El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) recibió, este 31 de julio, la visita de la Asociación Víctimas del 30S, cuyos representantes solicitaron que se investigue la actuación de jueces, fiscales y otros funcionarios que hayan intervenido en los procesos abiertos contra miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas por su supuesta participación en los hechos del 30 de septiembre de 2011.
El Presidente subrogante del CJ, Aquiles Rigail, reiteró que la institución está firme en su decisión de aplicar la justicia en favor del pueblo ecuatoriano.
Afirmó que el CJ es la casa de la justicia y está abierto a receptar las denuncias de los ciudadanos. “Estamos prestos a escuchar las sugerencias, reclamos y críticas de todos los sectores”, comentó.
De su parte, la vocal Angélica Porras explicó que se conformó una mesa técnica para estudiar los casos de supuesta persecución política, así como posibles medidas de reparación. Actualmente se trabaja en la recopilación de información, dijo.
“El espacio para proteger los derechos y controlar a los poderes Ejecutivo y Legislativo se utilizó para perseguir a los ciudadanos que opinan de manera diferente o a quienes critican al poder político. Ese es nuestro derecho”, manifestó.
Señaló que esta mesa está integrada por representantes de los casos conocidos como “los 10 de Luluncoto, los tres de Cotopaxi y de los estudiantes del Colegio Mejía”.
En tanto la vocal Zobeida Aragundi insistió en que la Judicatura busca recuperar la ética y la autonomía de la Función Judicial. “Vamos a investigar la falta de independencia que hubo en este caso y exigiremos que se sancione con toda la fuerza de la Ley”, indicó.
El director de la Asociación Víctimas del 30S, Óscar Ayerve, entregó documentos de la Contraloría General del Estado que, a su criterio, revelarían presuntas irregularidades en el trámite de estos procesos. Dijo que se persiguió y condenó a inocentes con base en evidencias manipuladas.
Asimismo, los vocales escucharon los testimonios de varios familiares de los detenidos, quienes pidieron que se haga justicia. También resaltaron la apertura que tiene la institución para analizar sus casos.