El vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Juan Pablo Albán, explica su posición sobre las dos cartas enviadas por el presidente (s) del organismo, Aquiles Rigail. Asegura que no hay pugna y no descarta que sectores externos estén interesados en generar una división interna.
¿Por qué su malestar?
Tengo una visión que es compartida también por la vocal Angélica Porras, de que debemos garantizar la independencia judicial, de que debemos cambiar las prácticas negativas que históricamente la han comprometido.
¿Cuáles prácticas?
Aplicar mecanismos coercitivos contra los jueces, como podría ser una suspensión de funciones sin haber investigado debidamente la falta denunciada. Y otra, el envío de cartas en casos particulares, haciendo preguntas que si bien no son pedidos de actuación específica, de por sí evidencian que hay una intencionalidad particular.
¿La independencia en riesgo?
Estimo que esto compromete la independencia no solo en los operadores de justicia que reciben esas cartas, sino de los demás, porque es un mensaje negativo de que tienen que someterse a los deseos de las autoridades y eso me parece impropio.
¿Hay pugna?
Esa imagen que se proyecta de que hay una pugna o que hay una división irreconciliable no es verdad. Sí hay unas diferencias conceptuales que creo que es necesario marcarlas, en lo demás trabajamos en consenso.
¿Algún sector busca la división?
No descarto esa posibilidad. De hecho pensaría que sí, que a partir de presiones externas pudiera alguno de los vocales estar tomando estas posturas porque considera que el combate a la corrupción ameritaría cualquier tipo de acción.
¿El riesgo de división existe?
No, todo lo contrario, trabajamos en recuperar la credibilidad en el sistema judicial. El pleno está consciente de la necesidad de que avancemos en cambios. Creo que lo que hacemos de positivo no se divulga lo suficiente, porque hay un morbo alrededor de las diferencias conceptuales que existen entre nosotros.
¿Cómo están sus relaciones con los doctores Merlo y Rigail?
Son muy cordiales. Nos expresamos de frente como deben hacerlo las personas de bien cuando hay diferencias, pero eso no significa que no podamos tener un diálogo cordial y acordar decisiones conjuntas, en consenso, en bien de la ciudadanía. (Tomada de El Telégrafo)