Con la participación de 980 nuevos aspirantes concluyó el plazo de postulación del Concurso Público de Méritos, Impugnación Ciudadana y Control Social para acceder a uno de los cupos de formación inicial para la carrera fiscal.
El periodo para que los profesionales del Derecho postulen su candidatura finalizó el pasado lunes 10 de septiembre y según informó el Presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Marcelo Merlo, se registró una importante participación por parte de los abogados del país, en las tres zonas definidas para este proceso.
Así, en la zona 1 que comprende las provincias de Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza y Cotopaxi, se postularon 315 nuevos participantes.
En la zona 2, que integra a Guayas, Manabí, Los Ríos, Galápagos, Santa Elena y Bolívar, se postularon 430 personas, mientras que en la zona 3 conformada por Azuay, El Oro, Cañar, Zamora Chinchipe, Chimborazo, Tungurahua, Loja y Morona Santiago, lo hicieron 235.
El doctor Merlo explicó que el CJ iniciará ahora la etapa de revisión de los documentos presentados por los postulantes para verificar que estos cumplan con los requisitos generales determinados en el concurso.
Quienes aprueben, pasarán a la siguiente fase del proceso que es la calificación de méritos, así como la presentación de pruebas teóricas y prácticas.
En este periodo también participarán los 6433 aspirantes que ya superaron la verificación de requisitos generales, durante la primera convocatoria del concurso que estuvo suspendido por varios meses, en cumplimiento de una decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio.
De acuerdo a lo que indicó el doctor Merlo, el banco de preguntas para la prueba teórica contará con 500 interrogantes que fueron estructuradas con la participación de la academia.
El Presidente del CJ resaltó la urgencia que tiene el país de contar con el número suficiente de fiscales para llenar vacantes, cubrir reemplazos temporales, definitivos y ampliar la cobertura.
Recordó que actualmente, Ecuador tiene menos de cinco fiscales por cada 100 mil habitantes cuando el número ideal a nivel internacional es de ocho.
Explicó que es por esta razón que el CJ gestiona, ante el Ministerio de Economía y Finanzas, que dentro del presupuesto de la Fiscalía se ubiquen los recursos económicos necesarios para la creación de partidas que permitan atender esta necesidad nacional.