La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador censuró hoy al exsuperintendente de la Información y Comunicación Carlos Ochoa, quien fue destituido el pasado miércoles por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
En un juicio político, el Legislativo censuró a Ochoa con 119 votos de 120 asambleístas presentes en el pleno del Parlamento, durante una sesión en la que el exsuperintendente presentó su defensa, mientras que los interpelantes, Fabricio Villamar y Homero Castanier, justificaron el proceso por supuestas irregularidades en el desempeño de sus funciones.
El expediente del sancionado será remitido a la Contraloría (Tribunal de cuentas del Estado) y a la Fiscalía, para que investiguen si existen indicios de responsabilidad penal contra el exsuperintendente.
En su defensa, Ochoa se declaró «culpable» por «haber sancionado con firmeza, pero con sentido de justicia» a medios de información que, según él, abusaron de la libertad de expresión como el uso de «lenguaje soez» contra la mujer o grupos minoritarios.
«Soy culpable de impedir imágenes dolorosas, grotescas» de medios de información que han vendido en sus ediciones «muerte y desolación».
Los periodistas, dijo Ochoa, «no somos una casta que estamos por encima del bien o del mal» y aseguró que, por ello, en el país rige una Ley de Comunicación que ahora los grupos de oposición de derechas intentan derogar.
Al presentir su censura, Ochoa dijo a los legisladores que seguramente «vencerán, porque cuentan con los votos, pero no convencerán» a la población víctima de los supuestos abusos de la prensa.
«El tiempo, la historia y ustedes, compatriotas, son mis únicos verdaderos jueces», concluyó.
De su lado, Fabricio Villamar, interpelante en el juicio político, aseguró que Ochoa, quien desempeño el cargo desde hace cuatro años, escribió «una de la más vergonzosas páginas sobre la libertad de expresión» en el país.
Villamar recordó que Ochoa, pese a haber sido destituido por el Cpccs, fue sometido a un proceso de censura política en la Asamblea por el supuesto «abuso» en el ejercicio de sus funciones.
Además, acusó al exsuperintendente de haber creado en el país un aparente «escenario de autocensura en los medios de comunicación» y de haber defendido a ultranza al pasado Gobierno del expresidente Rafael Correa, salpicado por denuncias de corrupción.
«Ochoa está siendo interpelado por ser una pieza más de la impunidad», añadió Villamar al asegurar que el modelo de control del exsuperintendente generó «vulneración de derechos» en diversos sectores de la prensa.
Tras la interpelación, varios asambleístas intervinieron en la sesión, casi todos justificando la sanción a Ochoa, aunque divididos por la vigencia de la Ley de Comunicación que usó el exsuperintendente para aplicar sanciones.
El juicio político contra Ochoa, que tardó más de siete horas, también generó comentarios entre activistas y periodistas.
«Nos parece muy positivo que se dé paso al juicio político porque servirá para que responda por el mal uso, abusivo y arbitrario de la Ley de Comunicación», manifestó hoy a Efe César Ricaurte, director de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, conocida como Fundamedios.
Aprobada en 2013 por el Gobierno de Correa, dicha legislación que oficialmente buscaba acabar con la mala praxis periodística, fue denunciada por medios independientes como una «ley mordaza» con la que se persiguió y limitó su labor profesional.
El responsable de Fundamedios precisó que el Parlamento había propuesto el inicio del proceso político por «el uso doloso, porque se ha comprobado que (Ochoa) usaba la Ley de Comunicación incluso para beneficiarse de forma personal».
De acuerdo a Ricaurte, Ochoa podría además afrontar «responsabilidad penal» por la supuesta «falsificación» de la normativa de comunicación, que «sirvió para acusar a una docena de medios de comunicación».