El conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), David Jacho, ordenó la madrugada de este miércoles prisión preventiva para el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Yoffre Poma, y ocho personas más por el delito de paralización de un servicio público. La decisión también incluye la retención de cuentas bancarias y prohibición de enajenar bienes.
En este caso se aplicará el procedimiento directo por lo que la audiencia de juzgamiento se realizará en diez días, es decir, el 18 de octubre próximo.
La noche del pasado martes, el conjuez Jacho declaró reservada la audiencia de flagrancia debido a que consideró que este caso se trataba de una paralización de un servicio público, un delito contra la estructura del Estado.
Junto a Poma también recibieron prisión preventiva el prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez; José Gómez, director de Comunicación del Gobierno Provincial de Sucumbíos; Jenny Rodríguez, presidenta de la Asociación de Empleados Públicos de Sucumbíos; el concejal Víctor Burbano; el dirigente Roberto Pachacama, Vinicio Chacha, Antonio Villamil y Darío Torres.
Todos llegaron vía aérea desde Sucumbíos a la CNJ debido a que habrían sido detenidos entre la tarde y noche del lunes último en la ciudad de Nueva Loja (Lago Agrio), en la provincia de Sucumbíos, mientras participaban en una manifestación contra las medidas económicas, la cual habría terminado con el ingreso de los protestantes a las instalaciones de un pozo de Petroamazonas.
Millonario perjuicio al Estado
Según la Fiscalía, los aprehendidos habían ingresado con violencia a las instalaciones estatales y obligaron a dos técnicos a paralizar el bombeo de petróleo a través del Sote (Sistema de Oleoducto Transecuatoriano). La paralización se habría dado entre las 18:06 y las 20:25, del lunes 7 de octubre pasado, evitando el bombeo de más de 31.296 barriles de petróleo que produjeron un perjuicio para el Estado de $1’723.918,72.
Poma explicó en la audiencia que él asistió a la marcha organizada por la ciudadanía y aclaró que ingresó en las instalaciones para mediar y apaciguar para que las cosas no se salgan de control. Aseguró que jamás a él se lo vio con piedras, palos o en una actitud violenta frente a las autoridades.
Un argumento similar esgrimió el prefecto Chávez, quien dijo que fue obligado a marchar con los manifestantes por las calles principales de Lago Agrio. Él mencionó que en varias ocasiones les dijo a los protestantes que no cometan desmanes en las instalaciones de la petrolera estatal.
Dos de los investigados se acogieron a su derecho al silencio, mientras que el resto dijo que acudió a la marcha para respaldar a sus autoridades.
Prisión hasta tres años
Un total de cinco elementos de convicción presentó la fiscal general Diana Salazar para sustentar la existencia del delito de paralización de un servicio público considerado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (Coip), el cual determina una pena de uno a tres años de cárcel.
Por un tema de seguridad, los siete hombres procesados fueron llevados a la Cárcel 4, al norte de Quito, mientras que la única mujer del grupo fue ingresada en la Casa de Confianza de Chillogallo, al sur de la capital. (EL UNIVERSO)