El escándalo de corrupción, que ha conmocionado al país por la supuesta entrega irregular de carnés de personas con discapacidad, es investigado por cinco frentes.
El Ejecutivo, la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura (CJ), la Contraloría General del Estado y la Asamblea Nacional han iniciado procesos de investigación por separado para esclarecer el hecho, identificar a los responsables, determinar la culpabilidad y a través de los respectivos órganos de justicia, establecer sanciones.
Fiscalía inició investigación
De oficio, es decir sin necesidad de denuncia, la Fiscalía anunció este viernes 3 de julio de 2020 el inicio de una investigación por el presunto delito de delincuencia organizada, “para determinar a los responsables de la entrega irregular de carnés de discapacidad”, precisa la información oficial emitida por el organismo.
El anuncio se realizó luego de que el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, reconoció un día antes que la entidad ha detectado 3.000 carnés de discapacidad ilegales, incluso emitidos durante la emergencia sanitaria, cuando el servicio no estaba en funcionamiento.
La Fiscalía tiene además dos instrucciones fiscales iniciadas por esta causa, ha recibido cinco denuncias del Ministerio de Salud y dos de ciudadanos.
La instrucción fiscal más avanzada se tramita en Guayaquil, en donde un juez de lo penal dispuso el jueves 2 de julio la prisión preventiva de cinco sospechosos y medidas cautelares de una.
En audiencia de flagrancias, la Fiscalía sostuvo que los detenidos son parte de una estructura delictiva que cobraba entre $ 1.000 y $ 1.300 por el trámite para adquirir los carnés.
Judicatura indaga a servidores
La presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado, anunció que dará a conocer la lista de funcionarios judiciales que habrían obtenido beneficios por carné de discapacidad.
“No vamos a tolerar ningún acto de corrupción en la #Función Judicial. Hemos dispuesto una investigación sobre la presunta obtención irregular de carnés de discapacidad por parte de servidores judiciales e informaremos a la ciudadanía el listado. #JudicaturaConManoDura”, escribió en Twitter.
El pronunciamiento lo emitió luego de que reportajes periodísticos dieron a conocer que al menos 64 jueces tienen este documento y que 11 de ellos han importado vehículos de alta gama. Se trata de automotores que en el país cuestan más de $ 60.000, pero que al ser importados sin impuestos, el valor no llega ni a la mitad.
En la lista de jueces que presuntamente se habrían beneficio del carné de discapacidad estarían magistrados del Guayas, Pichincha, Napo y Manabí, e inclusive de la Corte Nacional de Justicia.
Contraloría dispuso auditorías
A su vez, el Contralor General del Estado, Pablo Celi, emitió siete órdenes de trabajo disponiendo el inicio de exámenes especiales al proceso de emisión y entrega del certificado único de calificación de discapacidad, en las direcciones provinciales del Ministerio de Salud Pública (MSP).
De la misma manera, dispuso que en el Servicio Nacional de Aduanas (Senae) se examinen las importaciones realizadas por personas con discapacidad.
La orden implica que las oficinas de Azuay, Chimborazo, Imbabura, Manabí, Pichincha, Los Ríos, Cotopaxi y la Coordinación Zonal 8 del MSP, serán intervenidas para verificar el cumplimiento de la normativa vigente en cada fase de entrega de certificados y carnés entre el 1 de enero de 2018 y el 1 de julio de 2020.
En el Senae se auditarán las operaciones de comercio exterior, correspondientes a la importación de menaje de casas, bienes y vehículos, efectuadas por personas con discapacidad, y servidores y funcionarios que realizaron importaciones al amparo de la Ley sobre Inmunidades, Privilegios y Franquicias Diplomáticas, efectuadas entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2020.
Asamblea pone en agenda
En la sesión del pleno de la Asamblea Nacional del pasado jueves se aprobaron dos cambios del orden del día solicitados, para que se incluya el tratamiento de este escándalo, y sobre todo, cuáles son los legisladores con carné de discapacidad que se habrían beneficiado para importar autos de alta gama.
Con 131 votos a favor, el pleno aprobó el cambio del orden del día y el tema será tratado en la próxima sesión. Los legisladores anticiparon que solicitarán que el Ministro de Salud, autoridades del Senae y otros funcionarios comparezcan para que den información.
En los registros de los que se habrían beneficiado constan los asambleístas Ramón Terán, del PSC; Fabricio Villamar, del movimiento Ahora; Marcia Arregui, de Alianza País (AP); Israel Cruz, del BIN, entre otros, y los esposos de Elizabeth Cabezas, de AP, y de Wilma Andrade, de la Izquierda Democrática. (El Telégrafo)