La Procuraduría General del Estado presentó este 25 de septiembre una acusación particular en contra de los exasambleístas Daniel Mendoza, Elíseo Azuero y otras 15 personas que son investigadas por el delito de delincuencia organizada.
“De las investigaciones realizadas por la Fiscalía se ha evidenciado la posible existencia de una estructura organizada con presuntos fines delictuales y cuyo objetivo final era la obtención de beneficios económicos tanto personales como para la organización criminal”, señaló la Procuraduría en un comunicado.
Este caso salió a la luz tras la detención en Manabí del exasesor de Mendoza, Jean Carlos Benavides, y del procurador del Consorcio Pedernales – Manabí, José Véliz, este último a cargo de la construcción del hospital de Pedernales. Una obra heredada del terremoto de 2016 y que no ha podido volver a contratarse por la falta de presupuesto pues parte del anticipo que el Gobierno le dio a la constructora está congelado en sus mismas cuentas como parte de la investigación.
Un mes después, la policía detuvo a Mendoza y a exfuncionarios del Servicio de Contratación de Obras entre los que está el exdirector, René Tamayo.
Según las investigaciones de Fiscalía, la red que envuelve a la construcción del hospital pretendía utilizar el dinero que les dio el Gobierno para coimar a asambleístas. Lo mismo habrían hecho con el presupuesto de la fiscalización del hospital de Bahía de Caráquez.