Si las condiciones de las familias ya eran precarias antes del terremoto del 2016, el paso del tiempo sin ser atendidas y la pandemia del covid-19 las terminó de empobrecer.
Así es la situación que viven las familias de la comunidad El Churo, en la parroquia Cojimíes de Pedernales; ahí la reconstrucción tras el terremoto de 7.8 grados es aún una utopía.
Ellas viven en pequeñas estructuras de no más de 10 metros cuadrados, que construyeron con tablas, plásticos y lonas de carpas.
Usaron esos materiales que los demás dejaron de utilizar cuando se fueron a las urbanizaciones que levantó el Estado para los damnificados que accedieron a una vivienda.
Las familias construyeron las paredes con el material de las carpas que se levantaron en los primeros albergues, luego del 16 de abril del 2016.
En ese espacio reducido conviven desde hace cinco años, por ejemplo, María Herrera y sus cinco hijos pequeños.
Este hacinamiento también padecen las familias de Francisca Zambrano, María Chere, Carmen Rosales, Jennifer Herrera, Betty Delgado, María Caicedo, Maribel Mera, Maritza Bone, Stefanía Mera, Francisca Santos, Lisbeth Ortiz, Joselin Olivez y Bélgica Rojas.
Herrera y sus hijos recuerdan las noches de frío y las lluvias del último invierno, que fueron angustiantes y estuvieron a punto de desistir de seguir viviendo en esas pequeñas estructuras, donde “no cabe ni un alma más”, dice.
Los casos de las mujeres de El Churo y de otras zonas como el Aguacate, en este cantón de Manabí, constan en un informe que realizó la fundación Raíz Ecuador, que otorga ayudas humanitarias para las personas vulnerables y en necesidad de atención de emergencia en Manabí y Esmeraldas.
Ante esta situación, esta organización construyó -a través de su programa Caemba– cuatro viviendas para las familias del Aguacate y tres para las personas de El Churo, con recursos de la sociedad civil.
La fundación obtuvo información de 14 familias que viven bajo extrema pobreza.
Sin embargo, su presidente, Manuel Pallares, afirma que lo que pasa en El Churo es un ejemplo de otros asentamientos de familias que se han encontrado en esta provincia.
“Hemos palpado una necesitad extrema y precaria y muy difícil en las familias, que ni siquiera reciben el bono solidario”, concluye el informe de la fundación.
No hay datos sobre cuántas familias se quedaron sin recibir una vivienda nueva por los daños o la destrucción total durante el terremoto de hace cinco años en las provincias de Manabí y Esmeraldas.
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda manejó USD 240 700 567, 47 para la recuperación habitacional entre 2016 y 2017, según datos recogidos por la Contraloría en un examen especial sobre los recursos de la emergencia.
El número de beneficiados de inmuebles fue de 32 682 personas con bonos entregados para la compra de viviendas propias, terrenos urbanizados por el Estado, en terreno propio y para reconstrucción.
Yara Delgado, vicepresidenta de la Junta Parroquial de Cojimíes, asegura que la tarea pendiente con estas familias está en manos del Estado.
Ella dice que el problema se enfoca principalmente en las zonas más apartadas, cuyas familias no lograron ser identificadas por los censos, que se levantaron para beneficiarlos con las viviendas.
Delgado, con ayuda del Municipio de Pedernales, gestionó hace un mes la instalación de tuberías para que las familias puedan encauzar las aguas servidas que salen desde las letrinas de las covachas.
Herrera asegura que en estos cinco años hicieron gestiones ante la Junta Parroquial, para que intercediera ante el Gobierno. Han pedido que les asignen nuevas viviendas o que les den las casas que están desocupadas en las urbanizaciones estatales. No han tenido respuesta hasta ahora.
En Pedernales se levantaron dos zonas con casas nuevas en los conjuntos urbanizados Ciudad Jardín y Chorrera 2.
Un total de 584 familias fueron trasladadas a estos planes habitacionales, construidos tras el fuerte sismo.
Sin embargo, unas 52 casas de la primera urbanización fueron revertidas por mal uso de sus instalaciones, según el Municipio. Estos espacios aún están en el proceso de la reversión definitiva. (Bolivar Velasco/El Comercio)