La Contraloría General del Estado estableció que la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) habría realizado pagos injustificados por $ 1,1 millones para la rehabilitación de infraestructura del servicio de energía eléctrica, en obras de mejoramiento en poblaciones afectadas por el terremoto de abril de 2016, a través del proyecto Plan de Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas (Priza).
La Contraloría, en una nueva auditoría realizada al proyecto Priza, indicó que este organismo aprobó el informe especial a los contratos suscritos por la CNEL para la reconstrucción de la subestación eléctrica del cantón San Vicente y la reubicación de líneas de transmisión y la construcción de la Unidad de Negocios Manabí. Gran parte de esos recursos surgieron de la Ley de Solidaridad, creada tras el terremoto de hace más de cinco años.
Ese examen especial estableció que supuestamente en la reconstrucción de la subestación eléctrica de San Vicente “se pagó injustificadamente al contratista unos $ 381.296 por transformadores de potencia traídos desde China”, según se detalla en un comunicado.
Además, la auditoría determinó que el valor de los equipos, más los costos de importación, gastos y utilidades, “ascendió a $ 543.754, pero se facturó a la CNEL $ 925.050?.
“La empresa a cargo de la obra no respaldó documentalmente la instalación de 37 componentes eléctricos y costos de mano de obra para su montaje, por $ 294.624. Otros $ 376.336 se pagaron por materiales que no se utilizaron en la reubicación de las líneas de transmisión de San Vicente”, indicó la Contraloría.
Entre lo analizado, de acuerdo con el equipo de control, la supuesta ausencia de estudios completos para el proyecto ocasionó que la subestación se construyera sin sistemas de drenaje, según la entidad.
“Además, el personal técnico que intervino en la reconstrucción de los alimentadores no cumplió con la experiencia requerida. Sin embargo, la CNEL no impuso una multa de $ 461.458 por este incumplimiento”, acotó la entidad y sostuvo que hubo retrasos en cronogramas de trabajos relacionados con la subestación y la reubicación de líneas de transmisión, porque “no se tramitaron oportunamente los permisos en el Municipio de San Vicente”.
Otra de las observaciones realizadas por la Contraloría General del Estado tiene relación con multas que debían supuestamente aplicarse por atrasos injustificados.
Por ejemplo, como parte del proyecto Priza, el 14 de junio de 2017 se contrató la construcción del Centro de Control Local y Regional, Unidad de Negocio de Manabí en Portoviejo.
“La obra debió terminar en un plazo de 150 días, desde el 12 de septiembre de 2017 hasta el 8 de febrero de 2018, pero se autorizaron cuatro ampliaciones y dos suspensiones que dilataron su entrega hasta el 7 de junio de 2019, después de 484 días de iniciados los trabajos. La CNEL no cobró multas por el retraso, que ascendieron a $ 86.320?, se indicó en el informe.
También en ese proceso, la CNEL habría realizado pagos por materiales y equipos que no cumplieron las especificaciones técnicas, por un valor de $ 140.452, según el informe de Contraloría. (Tomado: El Universo)