Diario Expreso.- Durante el último fin de semana, moradores de las urbanizaciones cercanas al complejo carcelario Guayaquil y que apenas están separados por el río Daule denunciaron que a sus viviendas cayeron balas luego de escuchar ráfagas de disparos provenientes de la Penitenciaría del Litoral.
Diario EXPRESO pidió al Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI) el detalle de los hechos durante la noche del viernes y madrugada del sábado luego de que los ciudadanos reporten que durante cuatro ocasiones se escuchó detonaciones y estruendos justo horas antes de que se jactaron en redes sociales sobre el decomiso de armamento de largo alcance y cerca de 15.000 municiones? en un operativo de control.
Sin embargo, este último martes se limitaron a informar que enviaron el requerimiento de ese pedido al área respectiva, pero que no hay fecha para emitir la respuesta correspondiente porque el pasado lunes renunció la jefa de comunicación de la institución y al igual que los demás pedidos realizados quedan retenidos hasta nuevo aviso.
No obstante, enfatizaron que no se puede responsabilizar al SNAI por la caída de proyectiles en las infraestructuras cercanas a la penitenciaría porque no está dentro de las competencias y que para determinar que el disparo fue desde el interior de una de las prisiones es necesario un análisis de los peritos de la Policía Nacional.
Kléber Carrión, exdirector de la cárcel de Santo Domingo y quien renunció tras las masacres dadas en mayo de 2022 al no recibir ni cámaras ni escáneres de seguridad para vigilancia del penal y evitar el ingreso de armas, expone que el SNAI pone “por encima” la imagen institucional que el bienestar que debe recibir por derecho la comunidad perjudicada.
“El control está en manos de los grupos delictivos, no está en duda porque descaradamente nos dicen cómo clasifican a los internos, ciertas cárceles para Los Lobos, otras para los Tiguerones y así los hacen convivir. El Estado lo hace para salvarse de las masacres, pero si eso funcionara no tuviesen ni siquiera disturbios y la ley dice que deben estar clasificados según su peligrosidad”.
En tanto que el experto en seguridad ciudadana John Garaycoa, recuerda que la construcción de la cárcel fue primero y en sus inicios era considerada como un lugar alejado de la ciudad. Además, que los municipios debieron negar los permisos de construcción en dichos sectores, pero que esta situación no es un justificativo para excusarse de los casos dados porque en las prisiones no debe haber ni armamento, municiones, explosivos, droga, celulares, comunicadores de radio, entre otros elementos prohibidos.
“Definitivamente los proyectiles caen con fuerza y pueden herir a una persona que hasta pueden causarle la muerte. Y por supuesto que sí pueden llegar los proyectiles desde la cárcel a las urbanizaciones. La gran preocupación es el uso de objetos prohibidos, no puede ser que tantos años y no se pueda esclarecer cuál es la ruta de acceso y quiénes son los que permiten el ingreso de esos elementos”.
Carrión y Garaycoa establecen que es necesario que los anunciados controles de seguridad sean efectivos, así como los constantes decomisos de armas y municiones, especialmente porque la comisión de paz que se creó en 2021 para tratar de detener las cárceles, confirmó a EXPRESO en junio de 2022 que en el interior del complejo carcelario de Guayaquil “hay un banco de armas”.