La diligencia se realizó tras dos intentos fallidos. Un juez de la Unidad Judicial Penal de en Quito instaló la audiencia preparatoria de juicio en contra de siete personas, entre las que están el expreidente de la República, Abdalá Bucaram; su hijo, Jacobo y otras cinco. La Fiscalía acusó a todos por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada.
Según las investigaciones, los siete incurrieron en irregularidades en la negociación de 21 000 pruebas rápidas para el diagnóstico de covid-19. Por eso, la Fiscalía solicitó este jueves, 16 de septiembre del 2021, al juez que dicte auto de llamamiento a juicio. La entidad fundamentó su dictamen acusatorio sobre la base de más de cuarenta elementos que los siete implicados tienen en común.
Además, hizo el anuncio de prueba documental, pericial y testimonial que utilizará en la etapa de juicio, en caso de que el magistrado acepte el pedido de Fiscalía.
Explicó también que las supuestas irregularidades se habrían configurado entre marzo y junio de 2020, pero que las actividades ejercidas por los procesados para intentar dar legitimidad a sus acciones se extendieron hasta el mes de octubre del 2020.
De acuerdo con el dictamen acusatorio de Fiscalía, durante ese tiempo se conformó una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos. Los procesados habrían utilizado incluso bienes y servidores públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) para estas actividades ilegales. Tres agentes fueron procesados por esto. Dos se sometieron a un procedimiento directo y ya tienen una sentencia y el último participó ayer del primer día de la audiencia preparatoria de juicio.
Las pericias indican que ellos se encargaron de brindar seguridad a dos israelíes, (uno asesinado el 8 de agosto del 2020 en la Penitenciaria del Litoral), para el traslado de las pruebas de diagnóstico de covid-19 hasta Guayaquil, donde se comercializaron.
Las presuntas actividades ilícitas se habrían registrado en Pichincha, Guayas, Santa Elena y Esmeraldas, ocasionado delitos contra el régimen económico, de desarrollo y la fe pública.
La Fiscalía emitió su dictamen acusatorio con base en el artículo 369 del Código Penal vigente (COIP), señalando a todos los procesados como autores del delito de delincuencia organizada. (El Comercio)
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