La defensa del expresidente de Ecuador Rafael Correa en el caso denominado «Sobornos 2012-2016» solicitó este lunes declarar la nulidad de la audiencia del juicio en la que fue condenado a ocho años de prisión, informó la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
En la reanudación de la audiencia de apelación suspendida el pasado miércoles, el letrado Alfonso Zambrano Pasquel argumentó «que no existe motivación en la sentencia», que «debe considerarse el material probatorio» y que «se violó el derecho a la defensa».
«El Tribunal tiene que declarar la nulidad de la audiencia de juicio, existió violación al principio de congruencia, no existe fundamentación en la sentencia», indicó el abogado del expresidente, según un informe de la Corte Nacional de Justicia.
La audiencia se reanudó hoy vía telemática y presencial después de cuatro días de suspensión ordenada por los jueces David Jacho, Dilza Muñoz y Wilman Terán para «materializar el derecho a la defensa», dado que algunos de los abogados defensores alegaron que no habían tenido acceso a la sentencia de primera instancia en su totalidad.
La sentencia íntegra fue publicada en el Sistema Informático de Trámite Judicial el pasado 27 de abril, tras lo cual debía haber sido enviada a los abogados defensores.
Por ello, los jueces decidieron entonces entregar a cada uno de ellos la sentencia íntegra con el fin de «precautelar el derecho a la defensa».
Hoy, los representantes legales de 20 de los 21 condenados fueron presentando, uno por uno, sus alegatos contra la sentencia en abril de primera instancia por cohecho en una sesión en la que también participó la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
Según la Fiscalía, «ninguno» de los abogados que hasta el mediodía había presentado alegatos contradijo «la tesis de la Fiscalía, tratando de desviar la responsabilidad de los hechos a otras personas».
El caso «Sobornos» juzgó una red de corrupción entre 2012 y 2016 mediante la cual se recibieron «aportes indebidos» en el palacio presidencial de Carondelet para la financiación irregular de Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a varias empresas, entre ellas Odebrecht.
El juicio llevó al banquillo de los acusados al expresidente Correa, a su vicepresidente Jorge Glas -en prisión por otra condena por corrupción-, y a una serie de altos cargos del Gobierno y a empresarios.
Los sentenciados buscan conseguir la anulación de un veredicto que consideran fruto de una «persecución política» por parte del actual Gobierno de Lenín Moreno, a quien el correísmo ayudó a llegar al poder pero con quien se enemistó a poco de iniciar su andadura de Gobierno en mayo de 2017.
Correa, que reside en Bélgica desde que dejó la presidencia, se ha negado a regresar al país para el juicio, y pesa sobre él una orden de arresto.
En la audiencia retomada hoy los tres magistrados deben resolver una veintena de recursos de apelación.
De ser refrendada en instancias superiores, la sentencia impediría a Correa volver a participar en la política de su país dado que en su caso la condenada es por cohecho. EFE