Ante una denuncia de la Comisión Nacional Anticorrupción por los delitos de asociación Ilícita, delincuencia organizada y falsedad, la fiscal general (e) Ruth Palacios dio inicio a una investigación previa contra los exintegrantes del Consejo de la Judicatura (CJ) Gustavo Jalkh, Néstor Arbito, Karina Peralta, Rosa Jiménez y Rodrigo Subía.
Los denunciantes aseguran que los presuntos autores, prevalidos del poder que les habría entregó el régimen anterior, fungían de Miembros del CJ, cometiendo una serie delitos e infracciones previstas en la Ley, atropellando así normas de derecho, de ética y de justicia.
En el escrito de denuncia también se hablaría que los miembros del CJ contaron en estos hechos con algunos cómplices entre los que señalan son: Carlos Alvear, Fausto Segovia, Wilson Navarrete, Paulo Rodríguez, el exfiscal general Galo Chiriboga, entre otros.
«Las víctimas, según los delitos cometidos, son en cuanto a los concursos fraudulentos y mañosos realizados para la designación de Jueces de Corte Nacional, Cortes Provinciales, Tribunales y Juzgados de Primer Nivel, Notarías, Fiscalías e incluso puestos de orden administrativo, todas las personas que concursaron en ellos y que debido a las trampas preparadas por estos sujetos, fueron relegados al participar en desigualdad de condiciones», apunta la denuncia. .
Ante la existencia de delitos de acción pública la fiscal Palacios decidió abrir la investigación.
Para las 09:00 del lunes próximo, los comisionados anticorrupción Byron Celi, Simón Espinosa, Isabel Robalino, Germán Rodas, Jorge Rodríguez, Ramiro Román y José Muñoz fueron convocados a la Fiscalía para que reconozcan su firma y rúbrica en la denuncia interpuesta para este caso.
Mientras tanto, se ofició al Consejo de la Judicatura transitorio para que remita copias certificadas del acto administrativo por el cual Jalkh, Arbito, Peralta, Jiménez y Subía ejercieron el cargo de vocales del CJ, concediendo para efecto el plazo de cinco días.
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