La Fiscalía de Santa Elena obtuvo una nueva sentencia condenatoria contra un acusado de haber abusado sexualmente de su sobrina política, una menor de 12 años. Ocurrió el 11 de abril de 2018, en el cantón La Libertad. El procesado había sido sentenciado, el 14 de febrero último, por el mismo delito, que perpetró contra su hija, de 13 años de edad.
En la audiencia de juzgamiento del martes 18 de febrero de 2020, en la Unidad Judicial Penal de La Libertad, el fiscal Juan Pablo Arévalo presentó las pruebas documentales, testimoniales y periciales que sirvieron como base para determinar la responsabilidad penal de Aníbal Gerardo T. R. en el delito imputado.
Entre ellas, los informes investigativos elaborados por la Policía Judicial, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, las valoraciones psicológicas y de entorno social y la transcripción del testimonio anticipado de la víctima. Además, se solicitó la comparecencia de once testigos, entre ellos, los agentes investigadores, médicos peritos, trabajadora social y el testimonio de una familiar directo de la víctima.
Los jueces del Tribunal Penal, conformado por César Vélez, Daisy Lindao y Felipe Pozo, acogieron en su totalidad las pruebas presentadas por Fiscalía y dictaron sentencia condenatoria de nueve años y cuatro meses de prisión contra el procesado y el pago de una reparación integral a la víctima de 5.000 dólares. También emitieron medidas de protección a favor de la víctima y de su núcleo familiar, y ordenaron la asistencia psicológica a la menor, a través de una institución del Estado.
El día del hecho, la menor visitaba la casa de su padre y abuela, donde vivían también su tía paterna y el esposo de esta, Aníbal Gerardo T. R. En el transcurso de la madrugada, el agresor ingresó al dormitorio de la víctima y tocó sus partes íntimas. La menor se despertó y gritó, ante lo que su familia se despertó y dio aviso a la Policía Nacional.
El agresor fue detenido y puesto a órdenes de Fiscalía, que inició un proceso investigativo por abuso sexual.
Dato jurídico
Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 170, inciso dos, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el abuso sexual con pena privativa de libertad de cinco a siete años, más las agravantes indicadas en el artículo 48, numerales 5 y 9, que indica que el victimario es parte del núcleo familiar y conocer a la víctima con anterioridad a la infracción. Estas agravantes aumentaron hasta en un tercio la pena impuesta.
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