Afganos llegarían a Ecuador en condición de protección, señala ministra Alexandra Vela

Alexandra Vela se unió al Ministerio de Gobierno el pasado 15 de julio, tras la renuncia de César Monge (+). Vela tiene amplia experiencia: fue secretaria de Gabinete de Jaime Roldós y de Osvaldo Hurtado, vicepresidenta del Congreso y concejala de Quito.

¿Cómo se acogerá a los afganos que escapan del Talibán?

El Gobierno de Estados Unidos ha planteado la solicitud para recibir a un grupo, indeterminado hasta este momento, pero que giraría alrededor de 5 000 personas de origen afgano, que han sido forzadas a abandonar su tierra. Es una acogida de carácter humanitario de tipo temporal. De manera que ellos vendrían al Ecuador bajo una condición de protección de sus derechos, dentro de los tratados internacionales que el Ecuador ha ratificado. Ese acogimiento será de carácter temporal. No representará para el Estado ecuatoriano ninguna erogación económica, porque su estadía y todos los gastos que aquello implique serán asumidos por el gobierno de Estados Unidos de América.

¿Está listo el programa?

Lo único que se le pide al Ecuador, a su Gobierno y a su ciudadanía es la protección para personas en evidente riesgo para su vida. El Gobierno ha manifestado su total aceptación y su apoyo a la protección de los derechos de estas personas, especialmente de las niñas, adolescentes y mujeres cuyos derechos evidentemente no serían respetados.

La Vicepresidenta de la Asamblea fue denunciada de gestionar cargos en el Ejecutivo. ¿Qué van a hacer?

Es inaceptable la conducta de la vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez, porque el Código de Ética y los términos de la moral política implican que no debe producirse ninguna gestión ni tráfico de influencias que impliquen que una asambleísta, que tiene prohibido hacer gestiones para obtener cargos públicos, lo haga. Sobre la posibilidad de que el Ministro de Obras Públicas haya nombrado a personas, por sugerencia de la asambleísta Bella Jiménez, el Ministro ha presentado su testimonio en la Fiscalía y estará en la Asamblea Nacional para demostrar que no ha otorgado ninguno de esos nombramientos. Creo que es muy importante responder a la demanda del pueblo, de que es hora de cambiar y de modificar esa línea de conducta.

¿Algún miembro del Ejecutivo que no haya cumplido el Código de Ética ha sido separado de su cargo?

No, pero este Ministerio ha solicitado una investigación en todos los ministerios, en todas las instancias del Ejecutivo, para establecer si ha existido algún tipo de conducta de esa naturaleza.

Se vienen la reformas tributaria y una ley laboral, que son fundamentales tras los primeros 100 días. ¿Cómo avanzan las negociaciones?

Creo que el tema va un poquito más atrás. Es importante para el Gobierno que las iniciativas de su agenda puedan avanzar en la Asamblea, porque responden a lo que fue votado como programa de gobierno. Al Gobierno le preocupa que las reformas a la Ley de Comunicación no hayan sido tramitadas ni tampoco la reforma a la Ley de Educación Superior. El tercer tema es la Proforma presupuestaria, que ha sido presentada a la Asamblea por el Ministerio de Finanzas dentro del término de ley. Luego de eso viene la reforma tributaria.

¿Con la falta de acuerdos, se ha pensado en la muerte cruzada?

No se está considerando, pero quiero decir que en las actuales circunstancias el objetivo fundamental del Gobierno es obtener los acuerdos indispensables en función del interés del Ecuador, en los diálogos con los diferentes bloques legislativos. Sin embargo, el Gobierno no puede descartar ninguna posibilidad jurídica que permita la Constitución

¿El Gobierno tiene más planes de poner radares en Manabí?

En Manabí, en este momento, existe una problemática muy compleja que tiene que ver con el tema del narcotráfico, y que se suma a otras condiciones especiales de esa provincia. La colocación del radar es un tema que tiene que ver no solamente con la protección de la seguridad de Manabí, sino fundamentalmente con la protección de la seguridad nacional. En esa línea, es posible que más adelante se pueda producir algún tipo de intervención en el cerro de San Isidro. Hasta allí lo que tenemos. En todo caso, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado analiza la situación de inseguridad en Manabí. Si es que como consecuencia de esas políticas de seguridad es indispensable realizar otro tipo de intervenciones, el Gobierno lo hará.

Sobre el diálogo, la estrategia de la Conaie es ir con más organizaciones para legitimar sus exigencias… ¿Cómo ve el Gobierno eso?

Es claro que la estrategia del ingeniero Iza es imponer. O sea, no es una cuestión de un diálogo abierto, sino partir de una posición que implica imponer un punto de vista, imponer unas condiciones. Es decir, no es entrar a un diálogo en igualdad de condiciones, sin condicionamientos previos. No están tratando de encontrar dónde están los problemas y darle una solución de común acuerdo, sino que es una imposición, un mecanismo que el ingeniero Iza ya presentó en octubre el 2019 al gobierno de Lenín Moreno. Cuando se parte de una imposición es muy difícil llegar a un diálogo, porque la única respuesta posible es aceptar la imposición o negarla. El planteamiento es una paradoja.

Entablar una paradoja es una estrategia para protestar porque no hubo acuerdo. ¿Cómo actuarán ustedes?

Creo que ese es un escenario que hay que considerar, porque algunos de los hechos que se han visto desde la apertura de este camino pueden conducir al criterio de que esa es la posición del otro lado. La posición del Gobierno es de apertura, de buena fe, sin aceptar imposiciones. (El Comercio)

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