Al contralor general del Estado, Pablo Celi, le «llueven» las acciones judiciales después de aprobar un examen especial que recomendó al Consejo Nacional Electoral (CNE) dejar sin efecto la personería jurídica de cuatro organizaciones políticas.
En un último informe de control, aprobado el 18 de junio pasado, se llama la atención al pleno del CNE porque no se revisó la inscripción de las organizaciones Justicia Social, Libertad es Pueblo, Juntos Podemos y Fuerza Compromiso Social, que se habría realizado con la presentación de inconsistencias en los números de cédula, firmas de menores de edad y fallecidos, por lo que aparentemente no alcanzaron el 1,5 % de rúbricas que exige la Constitución para obtener su personería jurídica.
Fuerza Compromiso Social y Juntos Podemos resolvieron acudir a medidas judiciales para impedir que el CNE acoja las recomendaciones de la Contraloría.
Por lo pronto, para este lunes a las 11:40 Celi deberá asistir a una audiencia de acción de protección planteada por el presidente de Juntos Podemos, Paúl Carrasco.
El político, exprefecto del Azuay, también presentó en el Tribunal Contencioso Administrativo una acción para que se lo destituya por interferir en las funciones del Consejo Electoral, en medio del proceso de elecciones presidenciales y de asambleístas de febrero del 2021.
El expediente está en trámite del Tribunal integrado por los jueces Gilda Morales, Fabián Racines y Ximena Velástegui.
Carrasco también denunció la afectación de derechos de participación ante la Defensoría del Pueblo, a la par de que un miembro de su movimiento, Edmundo Sánchez, presentó una denuncia por infracción electoral en contra de Celi en el Tribunal Electoral pidiendo su destitución.
Esta radicó en el juez Joaquín Viteri, aunque se pidió al demandante que «complete su pretensión».
Una denuncia similar la presentó Fuerza Compromiso Social, movimiento al que pertenecen el expresidente Rafael Correa y sus seguidores.
La presidenta de la agrupación, Vanessa Freire, llegó a Quito para plantear su queja, que fue admitida a trámite por el juez electoral Fernando Muñoz, quien convocó a la diligencia oral para presentar pruebas de descargo el 10 de julio a las 09:30, y será presencial.
Pero el correísmo fue más allá, y planteó varios recursos de medidas cautelares y acciones de protección en diferentes provincias del país. Al menos nueve se contabilizaron hasta ayer en el sistema de la Función Judicial.
Entre ellas, en Esmeraldas, Los Ríos, Manabí, Guayas, Cotopaxi, Pichincha.
En Esmeraldas y Los Ríos se negaron dos medidas cautelares bajo el argumento de que no se observan derechos vulnerados, pues eran «mera expectativa», según consta en el sistema judicial.
Ello, porque los denunciantes recogían las recomendaciones del órgano de control de dejar sin efecto su inscripción, y que han adquirido derechos al participar en procesos electorales anteriores.
Pablo Celi aseguró que la Contraloría responderá «en derecho» a los recursos planteados, pero denunció que existe «un pacto político».
«Aquí hay un pacto político, de presión, sobre las decisiones del contralor. Esto es competencia exclusiva del contralor. No puede haber una invocatoria de intervención en las funciones, y no pueden invocarse derechos adquiridos, en contra de disposiciones establecidas en la Constitución y la Ley», expresó el martes en una entrevista en radio Sucesos.
Añadió que «no caben actos de publicidad política, orientados a presionar al contralor y a los funcionarios».
Justicia Social, inscrita por Jimmy Salazar, esposo de Pamela Martínez, exasesora de Rafael Correa e involucrados en el caso Sobornos 2012-2016, no ha dado un pronunciamiento sobre su posible extinción.
Desde Libertad es Pueblo, uno de sus miembros, el activista político Fernando Balda amenazó a Celi con acudir hasta la Fiscalía General para pedir un acto urgente para que se revisen sus chats de mensajes, en los que dijo mantendría conversaciones con representantes de diferentes grupos políticos.
CNE firma convenio por Registro Electoral
El Consejo Nacional Electoral y el Consejo de la Judicatura suscribieron un convenio para «agilizar» el intercambio de información para la elaboración del Registro Electoral para los comicios nacionales del 2021.
El objetivo es tener información actualizada de las personas que hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada y de aquellos que adeudan pensiones alimenticias. (El Universo)
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