En Puerto Pitahaya ronda el miedo. En esta zona, ubicada en el cantón Arenillas, provincia de El Oro, los asaltos y los robos a camaroneras se registran diariamente.
La actividad en este lugar se inicia a las 04:00. Más de 100 pequeñas embarcaciones salen y llegan hacia y desde las 12 islas del archipiélago Jambelí. Las naves cargan combustible, balanceado y camarón.
Cuando Juan llega a Pitahaya mira a todos lados. Luce nervioso. Un bote de unos 7 metros de largo, con un motor de 75 caballos de fuerza, lo está esperando. Junto a dos de sus trabajadores se cerciora de que no haya peligro.
El pequeño productor camaronero se coloca el salvavidas y emprende un viaje de casi 40 minutos hacia la isla Chupadores, con insumos para su finca.
Durante el recorrido, temerosos los tres hombres se cubren el rostro con sombreros, en especial cuando miran a extraños que pasan en otras embarcaciones. Esta es una medida de protección para evitar que los reconozcan y más adelante les roben.
Los productores sospechan que los asaltantes trabajan en grupo y se comunican entre sí para cometer los delitos. El hecho de que sea una zona fronteriza facilita el ingreso y la salida de las bandas al país. “Hace dos años, en estas aguas se me llevaron 8 500 libras de camarón; es decir, más de USD 17 500. Desde entonces no me he recuperado”.
Además de este robo, entre el 2018 y 2019 el campesino perdió cuatro motores fuera de borda. El valor de cada uno es de USD 7 000. “Si sumamos todo lo perdido, registro una pérdida de más de USD 45 000 en menos de cuatro años”.
Según la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), las pérdidas por asaltos y por robos de camarón, de alimento balanceado, insumos, equipos, embarcaciones y motores superaron USD 60 millones en el 2019. El monto incluye las inversiones en seguridad privada, sistemas de vigilancia y tecnología infrarroja en las fincas.
Mónica Mora, titular de la Comisión de Seguridad Marítima de la Cámara de Productores de El Oro, dijo que el camaronero no tiene otra opción que asumir estos gastos para “salvaguardar su patrimonio”.
En el caso de Juan, los robos impactaron en sus finanzas en al menos un 30%. “Pudo ser un período de bonanza para mí, pero en lugar de eso sigo pagando las pérdidas”.
Él ha optado por contratar guardianía privada y una lancha extra para resguardar su trabajo. La inversión es costosa: USD 1 600 al mes. Esto eleva los costos de producción del pequeño negocio, en medio de un escenario local de precios bajos del crustáceo.
Por eso, para Telmo Romero, presidente de la Asociación de Productores de Camarón de Santa Rosa (Aprocam JK), los perjuicios económicos que dejan los robos están “llevando a la quiebra” a los productores.
En total, el sector registró durante el año pasado 158 reportes de delitos a escala nacional (ver gráfico). Entre ellos, robos y asaltos a embarcaciones.
Por los costos que supone la inseguridad, los productores declararon simbólicamente en emergencia al sector. El 22 de enero, al menos 12 asociaciones y cooperativas solicitaron la intervención del Gobierno, en Guayaquil.
Los gremios pidieron, entre otros temas, fortalecer la política de seguridad en zonas marítimas, fluviales y terrestres y, además, incluir el robo al sector acuícola dentro del Cuadro de Mando Integral (CMI).
Jorge Durán, subdirector de Operaciones Marítimas de la Dirección de Espacio Acuáticos (Dirnea), aseguró que los operativos no han parado y se siguen ejecutando de acuerdo con los recursos que tienen. Unas 2 015 embarcaciones fueron custodiadas el año pasado a través del plan Ruta Segura.
El viceministro de Acuacultura, Andrés Arens, se ha reunido con las autoridades seccionales para intensificar los operativos de seguridad en mar, aguas interiores y tierra.
El pasado viernes, los gremios de camaroneros mantuvieron una reunión con las autoridades, quienes escucharon sus principales pedidos; entre ellos están garantizar la seguridad para el desarrollo de la actividad y más control al comercio ilícito de camarón.
Para Juan, la intervención es urgente. La actividad que lo “enamoró” hace 24 años ahora lo llena de temor y decepción. “Me resta seguir produciendo para no perder más”.
“Las pérdidas de más de USD 60 millones afectan directamente a la competitividad del sector camaronero. Ese monto pudiera ser invertido en tecnificación e incremento de la producción. El sector puede hacer lo posible para competir en los mercados internacionales, pero con los niveles de inseguridad es muy difícil trabajar. Esto afecta a las ventas y a los ingresos de toda la cadena, porque acarrea una mayor inversión en seguridad. Somos el primer producto de exportación, requerimos atención urgente”.
“En El Oro hay más de 1 200 productores, de los cuales solo el 20% es a gran escala. El resto corresponde a pequeños y medianos camaroneros. Ese gran porcentaje es el que está en crisis. Por ejemplo, si usted tiene tres piscinas y le roban una, lo quiebran totalmente. Y eso es lo que está pasando. Hemos expuesto nuestra problemática de seguridad, que influye directamente en los costos de la actividad. Nuestro entorno productivo está siendo afectado. Pedimos intervención urgente del Gobierno”. (El Comercio)
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