La Asamblea Nacional (Legislativo) de Ecuador negó este miércoles una solicitud judicial para levantar la inmunidad parlamentaria y vincular a la legisladora Viviana Bonilla en la investigación de un caso de sobornos, que también salpica al expresidente Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glas.
El pleno de la Asamblea (con 78 votos afirmativos, 35 negativos, un blanco y 4 abstenciones) declaró improcedente el pedido de la jueza Daniela Camacho para que se permita iniciar una causa penal contra Bonilla por el denominado caso «Sobornos 2012-2016», que investiga una supuesta financiación ilegal del movimiento político Alianza PAIS (AP), entonces dirigido por Correa.
En esta causa son investigados por la Fiscalía 22 sospechosos entre los cuales constan el propio Correa y Glas, y se refiere a la supuesta entrega de sobornos a AP por parte de empresa privadas, incluida la polémica firma brasileña Odebrecht.
Según la Asamblea, el pedido de la jueza Camacho es improcedente y ha sido devuelto debido a que Bonilla no ejercía de legisladora durante el periodo en el que se generó el supuesto delito y, por lo tanto, no podría levantar la inmunidad de la que actualmente goza la legisladora en el ejercicio de su cargo.
Como ya ha ocurrido en situaciones similares, la decisión legislativa abre la puerta para que la justicia inicie la causa penal y continúe con el proceso, pues se entiende que la sospechosa no gozaba del fuero ni la inmunidad al momento de la infracción.
El legislador Eliseo Asuero, según un mensaje de Twitter de la Asamblea, recordó que en el caso de Correa y Glas, ellos tampoco ejercen a la fecha los altos cargos que ejercían, por lo que la jueza Camacho podría iniciar el enjuiciamiento penal.
El legislador Jaime Olivo, por su parte, aclaró que la inmunidad parlamentaria, que la jueza Camacho pidió que se levante, «no es un privilegio», sino una protección que tienen los asambleístas «para dar opiniones con libertad».
El caso «Sobornos 2012-2016» es conocido también como «Arroz verde» y está relacionado con la supuesta financiación ilegal del grupo AP, cuando era dirigido por el «correísmo», aunque esa formación es liderada actualmente por el presidente del país, Lenín Moreno, excorreligionario de Correa convertido ahora en su más acérrimo rival político.
Según las investigaciones fiscales, la constructora brasileña Odebrecht financió supuestamente de forma ilegal a AP en el periodo de Correa y por ello indaga a los sospechosos sobre los supuestos delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias.
El expresidente Correa, que reside actualmente en Bélgica y que gracias a ello ha logrado evadir otras causas de supuesta corrupción, ha negado las imputaciones y advertido de una supuesta persecución judicial y política en su contra para eliminarlo del mapa electoral ecuatoriano. EFE
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