Diario La Hora.- La oposición en la Asamblea Nacional que impulsa el juicio político al presidente Guillermo Lasso, ha recibido al menos cinco golpes que llevan a que los argumentos de un presunto peculado, imputado al jefe de Estado, empiece a debilitarse en el camino.
1- Asambleístas de UNES pidieron públicamente, el 25 de abril de 2023, al Parlamento y a la Fiscalía General del Estado (FGE) que se investigue al equipo asesor de su aliada, la legisladora Mireya Pazmiño, presidenta de la Comisión de Régimen Económico y una de las cuatro proponentes del juicio en contra de Lasso. El pedido responde a denuncias por haber dado paso a cabildeos de empresas petroleras en la elaboración del informe no vinculante sobre la Empresa Pública, Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).
2. Viviana Veloz (UNES), otra de las acusadoras en el juicio planteó en la Comisión de Fiscalización que se debe contratar un perito para que determine, sobre la base de una auditoria, el monto del presunto desvío de fondos públicos de Flopec a favor de Lasso. No se conoce qué empresa realizaría la auditoría, los costos en los que se incurría y el tiempo que tomaría hasta que se emita el informe final.
3. Reunir los 92 votos para una eventual censura y destitución del jefe de Estado se pone cuesta arriba. La Conaie presiona al bloque de Pachakutik para que den sus votos (23) para la destitución de Lasso. La decisión de esta bancada en la Asamblea es no permitir que se pretenda arrodillar al Pachakutik hacia el correísmo. Mario Ruiz, jefe de bloque de Pachakutik, y Guisella Molina (PK) pueden ser las piedras con las que se tope la Conaie.
4. El 11 de abril, el movimiento Revolución Ciudadana (RC) declaró, en un comunicado que la «muerte cruzada” es la respuesta “ante la grave crisis política y conmoción interna” que vive el país». Este anunció movió el piso a los legisladores de UNES a quienes incluso les sorprendió los argumentos de la revolución.
5. Edgar Neira, abogado del presidente de la República, dijo hoy 26 de abril, en medio de sus alegatos finales de defensa que no existe ninguna prueba que acredite que el presidente Lasso se involucró en las decisiones de la empresa pública Flopec, ni dio su consentimiento a ningún contrato que corresponda a la gestión de la compañía. Como abogado del mandatario, Neira ha sorprendido en la Asamblea por la contundencia de sus argumentos.
El sistema jurídico ecuatoriano fija las atribuciones del jefe de Estado, y ninguna de ellas comprende su involucramiento en la gestión de las empresas públicas, o decisión de firmar o no contratos.
Neira pide a la Comisión de Fiscalización aceptar los descargos de la defensa, declarar la inexistencia de hechos que configuren la infracción de peculado, y no recomendar el enjuiciamiento a Lasso porque no existen elementos que configuren la infracción constitucional de peculado en el contrato de Flopec con Amazonas Tanker que, además, no fue suscrito en este Gobierno, y que rige por una cláusula de estabilidad negociada en marzo de 202o con vigencia hasta 2022.
CONTRATOS DE TRANSPORTE PETROLERO
Neira aseguró que los contratos de transporte petroleros nunca se celebraron bajo el Gobierno de Guillermo Lasso. Además, se refirió a que el “otorgamiento de amplias facultades es un sesgado elemento retórico (de la oposición) de absoluta irrealidad porque ignora que las atribuciones del presidente del directorio de EMCO (Hernán Luque) nacen de una de las leyes aprobada en el gobierno de Rafael Correa».
Entre su alegatos también hizo referencia a que el informe emitido por Luis Verdesoto, mientras se desempeñaba como secretario Anticorrupción se origina en la disposición dada por Guillermo Lasso el 13 de enero de 2022 para que elabore un informe sobre las denuncias de medios de comunicación en torno a presuntas irregularidades en las empresas públicas, incluido Flopec.
El contenido del documento de Verdesoto no hace mención a los contratos suscritos por Flopec con Amazonas Tanker; materia de la infracción por peculado que se le imputa a Lasso.
«El informe de (Verdesoto) ha sido colocado como un comodín dentro de la acusación porque allí se hace referencia a una eventual corrupción en las empresas públicas y en Flopec».
Por el contrario, el informe sí plantea problemas estructurales que no han sido corregidos, sino profundizados en las administraciones del presidentes Rafael Correa y Lenin Moreno, según Neira.
Adicionalmente, el informe de Verdesoto hace referencia al año 2009 en adelante y son hipótesis sobre distintos escenarios que estructuralmente propiciarían prácticas corrupción.
Más aún las fichas de prevención de corrupción que fueron entregadas al presidente Lasso y que habrían servido de base para el informe, en ninguno de sus análisis se hizo referencia al contrato celebrado entre Flopec y Amazonas Tanker.
El 22 de marzo de 2022, Lasso pidió a la Fiscal abrir una investigación sobre los procesos de contratación y transporte de petróleo.
En su intervención final, la defensa de Lasso aclaró que el proceso de enjuiciamiento político no autoriza infringir garantías del debido proceso como lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En sus alegatos finales, la interpelante Viviana Veloz (UNES) insistió que Guillermo Lasso sí conocía del presunto perjuicio económico al Estado (por 6.1 millones de dólares) que habría ocasionado el contrato, e hizo un llamado a “hacer justicia política ante la indolencia del presidente”.
Desde este jueves 27 de abril empieza a correr un nuevo plazo de 10 días para que la presidenta encargada de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero (CREO) redacte un informe para ponerlo a consideración de esta mesa legislativa. (SC)