Preso por defender a una mujer. Edwin dice que eso sucedió con él. En noviembre se cumplirá un año desde aquella escena en que este agente de la Policía disparó a un hombre que intentó apuñalar a una mujer embarazada. Todo ocurrió en Bahía de Caráquez, Manabí.
La bala provocó la muerte del sospechoso y el policía fue procesado bajo la figura de extralimitación en la ejecución de un acto en servicio, penado con cárcel de 10 a 13 años. Pero al final fue declarado inocente.
En los cuarteles policiales, casos como este se relatan frecuentemente. Fabricio es otro agente. Trabajaba en La Maná, Cotopaxi. Fue detenido el pasado 9 de junio y procesado, porque su arma de fuego causó la muerte de una persona.
Era de madrugada. En el lugar estuvieron 10 gendarmes que intentaban controlar una pelea callejera. Uno de los uniformados disparó al aire, pues un civil amenazó a todos con un cuchillo. Luego intentó apuñalar a Fabricio, pero él reaccionó y disparó al abdomen.
Los archivos de la Fiscalía muestran que en ocho meses de este año se abrieron expedientes judiciales en contra de 62 policías, señalados por exceso en el uso de la fuerza. Pero desde el 2015 sumaron 361 casos a escala nacional.
El personal quería que esto cambiara, pues aseguraba no tener respaldo para enfrentar a las personas armadas. Las reformas llegaron el martes 17 de septiembre del 2019. Ese día, en el Código Penal se incluyó un artículo en el que se habla del cumplimiento del deber legal de los policías.
Allí se indica que los agentes que lesionen, dañen o provoquen la muerte de otra persona no incurren en una ilegalidad siempre y cuando estén en un acto de servicio, cuando actúen ante amenazas o riesgos inminentes o apliquen el uso progresivo de la fuerza.
En otro artículo se detallan los cinco niveles de acción que se pueden emplear. Estos van desde la simple presencia de los gendarmes en una escena hasta el uso de las armas de fuego.
El viernes 20 de septiembre ocurrió uno de estos casos. Una mujer policía sometió a un hombre que llevaba una funda con droga.
El hecho ocurrió en el parque El Ejido y el control del sospechoso comenzó con la aplicación de la fuerza física.
La idea de los cambios es que los uniformados no tengan temor a ser procesados por acciones que realizan en sus tareas.
Por eso, en la Mesa de Justicia -que trabajó en las reformas legales- se analizó el caso del ataque mortal en contra de Diana Carolina, en Ibarra. En ese episodio, los agentes fueron señalados por no aplicar el uso progresivo de la fuerza.
En octubre del año pasado, el ECU 911 alertó al cuartel de Manta que tres personas habrían robado a un grupo de pasajeros en un bus urbano.
Dos uniformados acudieron al lugar, pero los sospechosos huyeron. Entonces, comenzó una persecución. Finalmente, los agentes lograron interceptar el auto en el que escapaban.
Un miembro de la red delictiva se bajó y apuntó con una pistola a uno de los policías.
Uno de ellos disparó contra el armado y este murió. Por eso tuvo que enfrentar un proceso penal. Pero en enero de este año el Tribunal de Manta ratificó su inocencia, pues se comprobó que el disparo se produjo en legítima defensa.
Tras conocer los cambios, en las jefaturas se dijo que esto permitirá que el personal “tenga la confianza de enfrentar a la delincuencia sin temor a recibir una sanción”. La Defensoría del Pueblo indicó que los gendarmes deben usar ese mecanismo “con un enfoque de protección de derechos humanos” y aplicar la fuerza en casos excepcionales y con una preparación previa.
En la Policía se asegura que cada año el personal recibe una capacitación en derechos humanos para enfrentar este tipo de situaciones.
Hoy, con la reforma al COIP, también se estableció que cuando un servidor sea denunciado por excederse en el uso de la fuerza recibirá patrocinio y asesoría jurídica “especializada y oportuna», por parte del Estado y la Policía.
En contexto??
El martes pasado, la Asamblea aprobó los cambios al Código Penal. El viernes se enviaron las reformas al presidente de la República, Lenín Moreno, para que vete o se allane, antes de su publicación en el Registro Oficial. (El Comercio)