La disolución del Legislativo fue el punto más álgido en medio de las constantes crisis que atravesó el Gobierno desde que cumplió su primer año de mandato. Desde el 2008, con la vigencia de la Constitución de Montecristi, es el primer Presidente que no terminará su periodo.
Ayer, en su discurso dijo: “Disolver la Asamblea Nacional cerró un largo capítulo de desinstitucionalización y abuso de poder”. Sin dar nombres culpó de eso a sectores políticos que tienen como fin el cooptar todo el Estado.
Ahora se perfila como un mandato de transición que entregará el poder a otro gobierno de transición. Las nuevas autoridades, según los cálculos del Consejo Nacional Electoral (CNE), se posesionarán en noviembre próximo.
Es decir, entre el actual y próximo Gobierno, el Ecuador vivirá dos años de transición hacia un nuevo Ejecutivo que se elegirá en el 2025.
En ese escenario, Lasso dijo ayer que el tiempo que le queda “ofrece una nueva oportunidad para avanzar hacia una concertación nacional”.
No es la primera vez que el Ejecutivo convoca al diálogo. Para el politólogo Daniel Crespo, este es un llamado que debe superar lo discursivo y aterrizar ya en acciones. Sin embargo, no cree que sea este Gobierno el que logre hacerlo. Para el experto, esa será la labor del próximo gobierno de transición.
Hay dos razones para aquello. La primera es el corto tiempo que tiene Lasso. El segundo es que los partidos y movimiento políticos en pocos días entrarán de lleno en la campaña electoral. En ese escenario, según Crespo, difícilmente acudirán a ese llamado.
Los aciertos y errores en el último año
El comercio exterior es uno de los frentes que se ha mantenido sin variación desde el inicio del Gobierno. Julio José Prado ha sido ministro de esa Cartera y, este último año, anunció acuerdos comerciales con China, Corea del Sur y Costa Rica.
Para Crespo, el manejo macroeconómico del Gobierno ha sido una de sus fortalezas. Eso permitió que la situación del país mejorara ante organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional.
Sin embargo, el experto aún percibe una desconexión entre los sectores que ejercen críticas y el país que presenta el Gobierno. Esto en alusión al informe de ayer, sobre todo en temas como salud y educación.
Para la catedrática universitaria, Caroline Ávila, la enumeración de obras es imposible de retener porque no tiene una priorización o jerarquía. “No hay una estrategia específica para enfatizar su gestión. Eso da cuenta de la dificultad que ha tenido para gestionar las labores bajo una política de prioridades”.
Para ella, el problema de presentar una gestión así es que no ofrece muestras claras sobre hacia dónde apunta. También dice que es un error la frase: “cualquiera puede construir carreteras, hospitales…etc”.
Ávila señala que la expresión lo pone en riesgo porque, no solo que la percepción generalizada es la falta de obra, sino que la acusación pública en su gobierno es que la promesa de combatir la corrupción terminó cercándolo por todos los frentes.
La Asamblea fue el principal foco de oposición del Gobierno. El origen de la disputa se ubica, incluso, antes de posesionarse el 24 de mayo del 2021. Lasso llegó al poder en alianza con el Partido Social Cristiano (PSC). Pero, la unión duró poco.
El Gobierno se negó a dar sus votos para que Henry Kronfle sea presidente del Legislativo. Apostó por mayorías móviles. En ese entonces, en conjunto con Pachakutik y la Izquierda Democrática, lograron que Guadalupe Llori asumiera la presidencia del Parlamento.
Esa alianza tampoco duró. Desde entonces, el correísmo y el PSC se convirtieron en sus principales detractores. El primer intento por llevarlo a juicio estuvo a cargo de Unes, por el caso Pandora Papers, pero no prosperó.
La crisis de seguridad parecía superarlo desde el inicio de su gestión. En su primer año de Gobierno ocurrieron cuatro masacres carcelarias. La primera fue en julio del 2021. Hubo 27 fallecidos. Otra tuvo lugar en septiembre del mismo año. Se registraron 119 fallecidos. Otras dos se perpetraron en noviembre del 2021 y abril del 2022.
Así llegó al primer año de mandato con críticas enfocadas no solo en la seguridad sino también en salud. La principal queja era la falta de atención, insumos y medicamentos en los hospitales públicos.
El 2023 lo empezó con una denuncia sobre supuesta corrupción en las empresas públicas. También se conoció sobre la investigación León de Troya que involucraba a Rubén Chérres, quien era cercano al cuñado de Lasso, Danilo Carrera.
Finalmente, el juicio político se convirtió en una realidad y, ante la eventual destitución, Lasso optó por terminar de forma anticipada su mandato y llamar a elecciones.
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