(Ecuavisa).- El exvicepresidente Jorge Glas, con dos sentencias en firme por casos de corrupción y un proceso pendiente, volvió a presentar una acción ante la justicia ecuatoriana con la que pretende salir en libertad.
Se trata de dos solicitudes de habeas corpus que interpuso esta tarde en Quito, ciudad donde se encuentra en prisión, contra el sistema penitenciario y su director, Pablo Ramírez.
Los pedidos ya fueron sorteados y los resolverán los jueces Luis Jácome y Soledad Manosalvas. Aún no hay fecha establecida.
Glas fue recientemente favorecido por el juez de Portoviejo Banny Molina con una acción de habeas corpus que él no solicitó, sino que dicho magistrado se la extendió en atención a la petición de otro reo, sentenciado por asesinato.
En esa acción también se involucró a Daniel Salcedo, sentenciado por la venta irregular de medicamentos durante la ola de muertes por la pandemia del COVID-19 en Ecuador.
Los abogados solicitantes de esa extensión de habeas corpus a favor de Glas y Salcedo trabajan para liberar de la cárcel a Leandro Norero Tigua, procesado por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Pero las boletas de excarcelación no se han hecho efectivas por contener errores y además existe una apelación del sistema penitenciario contra la decisión del juez Molina, que según la Judicatura ya no era competente para actuar porque fue notificado de un proceso en su contra y ahora se encuentra bajo arresto domiciliario por usurpación de funciones.
A Glas ya le fue concedido un primer habeas corpus en abril que le permitió salir en libertad 40 días hasta que la Corte de Justicia de Santa Elena lo revocó por no ser la jurisdicción correspondiente para tratar el asunto y por no haber notificado a la Procuraduría General del Estado.
En la acción dada recientemente en Manabí tampoco se notificó a la Procuraduría. Los nuevos pedidos de habeas corpus, a diferencia de los anteriores, esta vez han sido presentados en la jurisdicción donde Glas guarda prisión, que es Quito.
Glas, que fue vicepresidente durante parte del Gobierno de Correa (2007-2017) y luego también por pocos meses de su sucesor, Lenín Moreno (2017-2021), ingresó inicialmente en prisión a finales de 2017 y ha sido condenado en firme en dos casos de corrupción: uno por asociación ilícita relacionado con la trama Odebrecht (con 6 años de cárcel) y otro por cohecho ante la financiación ilegal para su movimiento político (con 8 años).
También ha sido condenado por malversación de fondos públicos (peculado) en un contrato petrolero denominado el caso «Singue», que todavía está en fase de apelación.
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