Un incumplimiento de órdenes por parte de autoridad competente es la figura legal que empujará la defensa de la exvocal Rosa Chalá si los asambleístas no la restituyen en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en atención al fallo judicial que así lo dispuso.
Lo anunció ayer el abogado Freddy Viejó, quien defendió la resolución favorable de la acción de protección concedida por el juez de la Unidad Multicompetente de Santa Ana (Manabí), Manuel Ruiz.
Viejó remarcó que el fallo, emitido el pasado miércoles, estaba motivado y en derecho.
Y que por ende, a los asambleístas “no les toca otra alternativa que cumplir la sentencia constitucional”.
“Si incumplen la sentencia, nosotros presentaremos una acción penal contra ellos por incumplimiento de sentencia, previsto en el artículo 282 del Código Penal”, anticipó.
El artículo en mención sanciona con pena privativa de libertad de uno a tres años “a la persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente”.
Viejó indicó que el fallo del juez estaba en firme, pese a que el pasado jueves fue destituido por la Judicatura supuestamente por un tema disciplinario ajeno al caso Chalá.
En agosto pasado, Chalá y tres vocales más del CPCCS fueron destituidos por la Asamblea por incumplimiento de funciones.
El Legislativo inició el juicio político porque ellos pretendían revisar lo actuado por la Corte Constitucional.
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