El Comercio.- Un nuevo estado de excepción rige en Guayaquil. Este es el tercer decreto al que acude el presidente Guillermo Lasso, durante su mandato, para frenar la violencia que se vive en la ciudad.

Los dos anteriores, emitidos en octubre del 2021 y en abril pasado, tenían similares características que el actual. En todos se mencionó que Fuerzas Armadas y Policía tenían que trabajar juntas para recuperar el orden público.

La diferencia entre los tres radica en sus motivaciones. Hoy esta acción se da por el asesinato de cinco personas con explosivos de gran alcance en el sector del Cristo del Consuelo, en el suroeste.

El Ministerio de Gobierno ha catalogado a este hecho como un acto de terrorismo. Incluso, se mencionó que fue una declaración de guerra al Estado.

Pero en Guayaquil este atentado no es un hecho aislado. En mayo pasado, un auto estalló en los exteriores de una Unidad de Policía Comunitaria del norte. Ese suceso alarmó a los vecinos de la ciudadela La Florida, quienes optaron hasta por cambiarse de domicilio por temor.

Un mes antes de ese hecho, otro carro con explosivos estalló frente a la cárcel Regional de Guayas. Varios negocios resultaron afectados por la onda expansiva y los fragmentos del automotor.

En entidades como la Fiscalía, Consejo de la Judicatura y Juzgados también se han detectado explosivos a punto de ser detonados.

En los barrios también hay reportes de viviendas destruidas con explosivos de alto calibre.

De hecho, datos oficiales apuntan que este año en Guayaquil se han perpetrado 58 eventos de terrorismo. Unos son considerados menores y otros, graves. El de ayer fue uno de estos últimos, pues es el primero que deja víctimas mortales y más de 20 heridos.

Avance del crimen organizado

Por todos estos hechos, la Policía ya ha desplegado un grupo de Inteligencia para que investigue los movimientos de las redes criminales que operan en la ciudad. Los reportes de los agentes señalan que existe un incremento en la letalidad de los ataques.

Incluso, se habla de que las bandas están experimentando con químicos para formar las cargas explosivas que se utilizan en estos atentados.

Eso se vio en la explosión del 14 de agosto, pues fue tan potente que se sintió en un radio de 70 metros a la redonda. Además, se conoció que en los explosivos estaban acompañados por esquirlas y fragmentos de metal.

Este tipo de ataques históricamente se han registrado en Colombia por grupos armados o mafias del narcotráfico. En Ecuador, el único precedente que existe es la detonación del cochebomba en el cuartel de la Policía de San Lorenzo, en Esmeraldas, en 2018.

Por eso, para organismos de Derechos Humanos y Colectivos Ciudadanos es preocupante que en Guayaquil este tipo de hechos ocurra con más frecuencia.

Estas agrupaciones tienen datos de que la violencia en los barrios ha escalado tanto que existe una cultura de silencio y miedo.

De allí que en el Cristo del Consuelo la gente se niega hablar. Ni las recompensas sirven para incentivar a la gente a denunciar.

A esto se suma que las acciones policiales no dan resultados a largo plazo. Las muertes en Guayaquil siguen aumentando y ya registran más de 512 asesinatos entre enero y junio.

Esto a pesar de que el comandante policial de la ciudad, Víctor Zárate, afirma que se desarrollan constantes operativos antiarmas y antiexplosivos en las calles junto a miembros de Fuerzas Armadas.

Los vecinos guardan silencio sobre el atentado

Lo primero que hizo Anabel cuando escuchó el poderoso estruendo alrededor de las 03:00 del domingo 14 de agosto del 2022 fue correr a la casa de su hija y su nieto, una cuadra más adelante de la suya.

A lo largo funcionan locales de comida y los ‘bailaderos’ que se abren toda la noche y madrugada de cada sábado y domingo.

Melany, de 19 años, y la hija de Roxana dormían cuando se escuchó la fuerte explosión. Este hecho se registró justo en la calle del frente de su vivienda de caña, que quedó totalmente destruida.

Un saco de yute, que fue lanzado por personas desconocidas desde una moto, cayó al pie de un local de venta de comida preparada y causó la muerte instantánea de tres personas. Otras dos fallecieron en el hospital.

Una de ellas es Roxana Medina, de 34 años, quien se había asomado al balcón de la casa para ver qué ocurría. “Era la mamá de mi mejor amiga”, relata Melany, aferrada a su pequeño hijo.

Desde la madrugada, un cerco metálico impedía el paso de personas a la zona exacta de la tragedia. Allí llegó una mujer en busca de su hermana, de 78 años, quien debía estar al cuidado de sus nietos. “No me contesta el teléfono”, decía angustiada a los policías a quienes pedía que la dejaran pasar para verificar su estado.

Sentados en los portales de las casas los vecinos especulaban las posibles causas del hecho. Sus cuchicheos se mezclaban con las plegarias de un pastor que salían de unos parlantes instalados afuera de una iglesia evangélica.

Unos afirmaban haber escuchado varios disparos minutos antes de la explosión. Otros comentaban con recelo que el atentado iba dirigido al dueño de una de las discotecas del sector, a quien los delincuentes lo extorsionaban con las ‘vacunas’ y que se había negado a hacer el pago.

Más tarde, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, informó que dentro de las investigaciones se conoció que el ataque estaba dirigido a alias ‘Cucaracha’ y a alias ‘Junior’, y se presume que la banda delictiva Los Tiguerones estaría involucrada.

No descartó que los hechos tuvieran relación con el decomiso del fin de semana de tres toneladas de drogas y la muerte de cuatro personas en el sector Portete.

El funcionario hizo un llamado a los moradores para que colaboraran en las investigaciones, puesto que muchos se habían negado a hablar. Dijo que entendía el temor que pudieren tener, pero que era necesario contar con la mayor cantidad de pistas para esclarecer los hechos.

Pasadas las 16:00, los agentes especializados de la Policía recorrían la zona. Uno hizo señas a una mujer que miraba temerosa desde una ventana. Le señalaba una cámara y le pedía que le dejara ver las imágenes que pudiera haber captado. Esta se negó, alegando que no le pertenecía.

“Una palabra mal dicha es paila con la gente”, comenta otra mujer mientras el policía se retiraba.