Irreconocible quedó el rostro de Rocío del Carmen C. por las agresiones que le propinó su conviviente, Wilson C., quien la asesinó a golpes. Usó puños y objetos contundentes.
Según Fiscalía, pese a que ello se comprobó en el juicio, el procesado apeló a la sentencia con el objetivo de reducir la pena de 25 años que le impuso un tribunal de Garantías Penales en mayo del 2022.
El fallo fue apelado por su defensa en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha al argumentar que no pretendió causarle la muerte a la víctima, aunque las lesiones que le ocasionó fueron extremadamente graves.
En la audiencia de apelación, la fiscal de la Unidad de Personas y Garantías Patricia Muñoz sustentó nuevamente la responsabilidad de Wilson C. en la muerte de su conviviente, Rocío del Carmen C., asesinada a los 25 años de edad.
El hecho -explicó la funcionaria- ocurrió el 4 de mayo del 2012 en el barrio Santo Tomás 1, en el sur de Quito. El sentenciado agredió a su expareja sentimental con golpes de puño y además con un objeto contundente, provocándole lesiones en el rostro, cráneo e incluso rompiéndole piezas dentales.
La causa de la muerte fue una hemorragia cerebral que devino en un trauma craneoencefálico ocasionado por la golpiza que le propinó el sujeto, aseguró Fiscalía.
Luego de dejarla herida, el sentenciado se comunicó con la hermana de la víctima. Ella, en el testimonio que rindió en la audiencia de juicio, dijo que cuando llegó a la casa la encontró tendida sobre una cama. Estaba inconsciente, pero aún respiraba.
Con la ayuda de un taxista la trasladó hasta una casa de salud, pero su cuadro clínico eran tan delicado que los médicos confirmaron su deceso.
Wilson C. tenía en sus prendas de vestir manchas de sangre.
Además presentaba lesiones en los nudillos debido a los golpes que le dio a su expareja con quien mantuvo una relación conflictiva durante aproximadamente una década, añadió Fiscalía.
La sentencia de primera instancia fue ratificada. La sala de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha desechó el pedido de la defensa y confirmó la pena privativa de la libertad de 25 años.
Adicionalmente, el pago de una reparación integral de $ 20.000.
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