La Fiscalía General del Estado abrió proceso penal contra un policía en servicio activo y un ciudadano de la provincia amazónica de Orellana por un presunto delito de extorsión. Según la versión oficial, ambos habrían exigido a una mujer el pago de $ 12.000 para “dejarla con vida”. Las amenazas llegaron por WhatsApp y, de acuerdo con las investigaciones, provenían de un supuesto integrante de una banda criminal. El caso reveló un modus operandi donde la intimidación, el uso de aplicaciones de mensajería y, presuntamente, la participación de un agente policial, se combinaron para ejercer presión sobre la víctima.
El civil detenido, identificado con el nombre Henry, aseguró que fue contratado por el policía de nombre Víctor para ejecutar las presiones y recoger el dinero exigido. La mujer, tras entregar una parte del monto, buscó apoyo en la Policía. Sin embargo, en lugar de recibir contención y orientación para denunciar, se topó con el propio agente ahora procesado, quien —según expuso la Fiscalía— le aconsejó rendirse ante las peticiones de los delincuentes y no denunciar, pues aquello “podía ser causa de asesinato”.
¿Cómo operó la presunta extorsión y cómo intervinieron las autoridades?
Con el miedo latente, la víctima continuó en contacto con los extorsionadores y les explicó que solo había conseguido reunir $ 1.500. Acordaron que el dinero sería recogido por un taxi en los alrededores de su negocio. Lo que los sospechosos desconocían era que la Policía ya realizaba un seguimiento del vehículo y del entorno. Los agentes observaron la llegada del taxi y capturaron al conductor, Henry, quien confesó haber sido contratado por el policía. Horas más tarde, el propio Víctor también fue arrestado.
Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para los dos procesados. No obstante, el juez dispuso medidas cautelares menos severas: prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante la autoridad judicial. El expediente continúa en etapa de investigación, mientras se busca determinar si existe relación con bandas criminales que operan en la región amazónica.
¿Un reflejo de la crisis de seguridad en Ecuador?
El caso aparece en un país marcado por un repunte de extorsiones y secuestros, delitos que alimentan la violencia y la sensación de inseguridad. En enero de 2024, el presidente Daniel Noboa declaró a Ecuador bajo “conflicto armado interno” y catalogó a las bandas delictivas como grupos terroristas, lo que dio paso a estados de excepción y a la militarización de las cárceles controladas por organizaciones criminales.