El asesinato de María Camila Potosí, una joven de 21 años que cursaba ocho meses de embarazo, conmocionó a Colombia por la violencia con la que fue cometido y por la presunta intención de apropiarse de su hija. La víctima desapareció el 16 de julio de 2026 en Cali y su cuerpo fue localizado cuatro días después, cerca del río Meléndez, en el sector de La Buitrera, con señales de tortura y múltiples heridas. La investigación tomó un nuevo rumbo cuando la familia conoció que la bebé ya no se encontraba en su vientre.
Las autoridades capturaron a cinco personas presuntamente involucradas en el crimen, entre ellas una mujer identificada como alias “Yulieth”, quien habría sido registrada por cámaras de seguridad transportando a María Camila en una motocicleta el día de su desaparición. Según la hipótesis de la Policía, la sospechosa se habría acercado a la joven durante actividades de acompañamiento a mujeres gestantes, ganó su confianza y habría planeado quedarse con la bebé para presentarla como propia.
La expareja de la principal sospechosa aseguró que ella le había hecho creer que estaba embarazada mediante ecografías y documentos de controles prenatales. Los investigadores también analizan su posible relación con “los Santa”, una estructura delictiva señalada de cometer homicidios y actividades de microtráfico en la comuna 18 de Cali. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, los detenidos habrían cumplido funciones diferentes en la retención, agresión y posterior ocultamiento del cuerpo de la víctima; sin embargo, la responsabilidad individual deberá determinarse en el proceso judicial.
El 30 de julio, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y la Policía encontraron restos humanos en una zona boscosa de Altos de Santa Elena, después de recibir información que habría sido entregada por uno de los capturados. Medicina Legal confirmó posteriormente que correspondían a Alahia, la bebé que esperaba María Camila. Los cinco sospechosos fueron puestos a disposición de un juez y son investigados por delitos que incluyen feminicidio agravado, desaparición forzada, secuestro y tortura, según la participación atribuida a cada uno.
El caso reabrió además el debate sobre las sanciones contra quienes asesinan o agreden a menores. El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que promoverá un endurecimiento de las penas y planteó nuevamente la posibilidad de que los responsables permanezcan de por vida en prisión. La propuesta enfrentaría un complejo trámite constitucional, pues en 2021 la Corte Constitucional de Colombia declaró inexequible la reforma que permitía la prisión perpetua revisable, al considerar que afectaba principios como la dignidad humana y la finalidad resocializadora de las penas.
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