El departamento está ubicado en uno de los sectores lujosos de Quito. Tiene acabados en madera de cedro y el parquet muestra su brillo. “Dicen que el dueño era un narcotraficante”, comenta en voz baja un trabajador del edificio en donde se encuentra el inmueble.
Se trata de un dúplex de tres dormitorios, construido en la década de los 80 y que ocupa el quinto y sexto pisos. Hace diez años el Estado lo incautó tras un operativo antidroga y hasta ahora el departamento sigue a nombre del dueño, quien enfrenta juicios por tráfico de estupefacientes.
De hecho, para que el Estado pueda vender, subastar o donar un bien de este tipo se requiere de una sentencia en firme contra el dueño. Así lo establece el Código Integral Penal (artículo 557, numeral sexto).
Mientras no exista una condena de última instancia, la Ley de Prevención de Drogas señala que el Estado únicamente puede administrar las propiedades y para ello en el 2016 se creó el Servicio de Gestión Inmobiliaria (Inmobiliar).
Hasta que los bienes sean vendidos, el Gobierno debe encargarse de su mantenimiento, costo de bodegaje, honorarios de los custodios y pagos de impuestos. Así también lo puntualiza la ley penal (artículo 557, numeral cuarto).
Por estos rubros, Inmobiliar gasta USD 2,7 millones al año. Para recuperar parte de ese dinero, entre este febrero y noviembre del 2018, se subastarán 350 vehículos a escala nacional.
Asimismo, cinco aeronaves (avionetas y aviones ligeros) y nueve barcos descubiertos con narcóticos son entregados en préstamo para que las utilicen entidades públicas.
La idea es no incurrir en gastos de mantenimiento. La última avioneta fue localizada el 2 de diciembre del 2017 en la pista del aeropuerto Los Perales, en San Vicente, Manabí. La nave, según los investigadores, iba a transportar media tonelada de droga hasta Costa Rica; ahora está dentro de las propiedades decomisadas.
En este caso, tampoco existe una sentencia en firme. En el inventario de bienes incautados consta una plataforma de tráiler que en el 2011 transportaba 250 kilos de cocaína por la vía hacia Píntag, al oriente de Quito.
El juicio sigue activo, según el archivo de la Función Judicial, pese a que en ese operativo fue asesinado un policía que rastreaba a la red de narcotraficantes. }
En el 2017, el expediente pasó a la Corte Nacional, donde se espera un fallo definitivo. Inmobiliar detalla que desde el 2008, en el país se han incautado 275 574 bienes que estarían vinculados a drogas. El 86% de ellos sigue a nombre de los propietarios y el 14% fue traspasado al Estado. Un buque de gran calado también está decomisado desde mayo del 2017, cuando se dirigía a Panamá. Tras un operativo, agentes descubrieron que en su interior había cinco toneladas de cocaína.
En noviembre último, el Tribunal Penal de Santa Elena dictó una primera condena y el proceso judicial continúa. Entre los bienes que maneja Inmobiliar se incluyen además terrenos, fincas, oficinas, camaroneras, empacadoras, hoteles, lubricadoras, parqueaderos, locales comerciales, etc.
Inmuebles incautados
Por temas de seguridad, Inmobiliar maneja bajo reserva la ubicación de estos bienes. En una bodega de Guayaquil, en cambio, se guardan los objetos personales de quienes están señalados en estos casos. Allí se ven balanzas que alguna vez sirvieron para pesar la cocaína, cajas fuertes, televisores en blanco y negro, esculturas descascaradas, hornos para hacer parrilladas e imágenes de vírgenes y santos que lucen descoloridas. Todas las pertenencias están cubiertas por una gruesa capa de polvo.
Para evitar que se destruyan, regularmente se realiza un control de plagas. Se los cubre con plástico, se los enumera y se los ubica sobre andamios metálicos de hasta dos pisos. Los vehículos, en cambio, permanecen en un patio a la intemperie, donde son custodiados por policías y personal civil.
Hay carros de lujo como híbridos y otros con la pintura oxidada, cuyos modelos datan de los 90. En otras bodegas del país están vehículos 4×4, motos, cuadrones, buses, grúas, montacargas, etc.
Para recuperar este tipo de bienes y acelerar el proceso de traspaso al Estado, en diciembre pasado la Fiscalía presentó a la Asamblea un proyecto de Ley de Extinción de Dominio.
La intención es que en un año se investigue el origen de los fondos con los que se adquirieron los bienes. De comprobarse que hubo dinero ilegal, un juez civil podrá traspasar las propiedades al Estado.
La Secretaría Técnica de Drogas también planea una reforma legal que permita al Estado vender las propiedades desde la audiencia de formulación de cargos y que no se espere a la sentencia definitiva, como ocurre con el departamento, en Quito. Ese bien tiene sellos de seguridad en la puerta y solo puede entrar el custodio de Inmobiliar. (Tomado El Comercio)