Los cuerpos fueron encontrados en diferentes pabellones. Los policías y agentes de seguridad penitenciaria encontraban cada vez más cadáveres a medida que retomaban el control en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.
Solo ayer (29 de septiembre del 2021) se ubicaron los restos de unas 75 víctimas. Estaban en el interior de sus celdas, en baños, pasillos y hasta en los ductos de ventilación. Otros cuerpos fueron arrastrados, apilados, desmembrados e incinerados en los patios.
De cerca se veían grandes murales con los distintivos de una organización delictiva.
Estos muertos se suman a los 35 que las autoridades habían confirmado el martes. Ese día, el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, manifestó que la situación estaba controlada. Sin embargo, en la noche y durante la madrugada de ayer se produjeron nuevos enfrentamientos.
En total, 116 presos perdieron la vida y 80 más resultaron heridos. Así lo confirmó el presidente Guillermo Lasso.
El Jefe de Estado viajó ayer a Guayaquil y allí informó que firmó el Decreto Ejecutivo 210, con el que dispuso la entrada en vigencia de un nuevo estado de excepción en todas las cárceles del país.
Dijo que esta decisión se tomó “por las circunstancias que han afectado gravemente los derechos”, especialmente a la integridad personal y a la vida de los privados de la libertad, de los guías y de policías.
El Decreto tiene 10 artículos. En estos se dispone que Fuerzas Armadas podrán actuar en el interior de las cárceles de manera coordinada con la Policía para restablecer y mantener el orden en los centros.
Un fuerte contingente militar llegó en horas de la mañana de ayer a la Penitenciaría de Litoral. Los uniformados se apostaron en los exteriores de este centro carcelario. Todos estaban equipados con un fusil, un chaleco antibalas y un casco de metal. Incluso, antes del medio día llegó un equipo de Fuerzas Armadas con un vehículo blindado. Otros camiones militares también arribaron. La presencia de los uniformados generó conmoción en los familiares de los presos que estaban en la entrada del complejo carcelario.
Un hombre se lanzó en medio de la vía para intentar cortar el paso de los vehículos. Los militares lo retiraron en medio de la protesta del resto de asistentes y familiares.
En el Decreto también se ordena la asignación de recursos económicos, la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de correspondencia y libertad de asociación de los presos. Estas medidas ya fueron ejecutadas en el 2019 y 2020, cuando el gobierno de entonces también firmó dos estados de excepción para solucionar la violencia en las cárceles.
Lasso dijo que la diferencia de este nuevo estado de excepción con los anteriores es que ya tienen un plan de intervención estratégico en ejecución.
El Primer Mandatario indicó que este se acelerará y que empezará con la intervención en la Penitenciaría del Litoral. Solo para el complejo penitenciario en Guayaquil (Penitenciaría, Regional, CDP) se requieren USD 24 millones.
“Vamos a empezar con la Penitenciaría. Va a contar con todos los recursos económicos para actuar con la mayor celeridad posible y poder comenzar con la intervención en la Penitenciaría”, dijo Lasso.
Por su parte, la Fiscalía señaló que ya inició las investigaciones para determinar a los responsables de la masacre.
El ente investigador adelantó que hubo dos detonantes para la violencia en la Penitenciaría. El primero sería la lucha entre bandas delictivas que buscan “ostentar el poder” dentro de la cárcel. La segunda causa obedece “a la intención de parte de las autoridades de trasladar a los cabecillas de organizaciones delictivas a otros centros penitenciarios del país.
Entre las medidas que tomarán las actuales autoridades están la construcción de nueva infraestructura y la adquisición de tecnología como cámaras, escáneres e inhibidores de teléfonos. Inicialmente, el plan del Gobierno estaba previsto que dure cuatro años y tendría una inversión de USD 75 millones. Ayer, el presidente Lasso dijo que el tiempo se reducirá a dos años.
El drama de las familias
Mientras el plan del Gobierno se ejecuta, las familias de los presos piden más seguridad.
Ayer decenas de allegados se concentraron en los exteriores de la Penitenciaría y de la morgue. En esta última, los parientes de los detenidos fallecidos los identificaban a través de fotos y videos de la masacre.
Un policía les indicaba fotos desde un celular. Otros en cambio veían imágenes que otros presos les enviaron.
En esas imágenes, dos mujeres se enteraron que su hermano estaba en la lista de las víctimas. Ellas contaron que perdieron comunicación con su familiar el martes y al no contar con una lista oficial de fallecidos, fueron a Criminalística para averiguar.
Allí se encontraron con más familias. Unos vestían de negro y se abrazaban. Las mujeres gritaban y se tomaban la cabeza con las manos. Gritaban y lloraban cuando retiraban los cuerpos. Camionetas con féretros también hacían fila en los exteriores de Medicina Legal.
Los carros de esa entidad salían con dirección a la Penitenciaria para retirar más cuerpos. El ruido de las ambulancias también se escuchaba en ese complejo carcelario.
Una mujer que se encontraba en la morgue también relató cómo reconoció a su esposo entre los fallecidos. Ella vio en un video el rostro de él. Dijo que fue uno los ocho decapitados. Hasta la noche de ayer, las familias seguían sin tener noticias oficiales de los muertos y heridos.
Por eso, el Gobierno habilitó en Guayaquil dos puntos de atención para las familias.
Personal de la Secretaría de Derechos Humanos y de la Gobernación del Guayas se trasladaron al coliseo Abel Gilbert y al parque Samanes.
El Presidente indicó que en esos lugares se dotará de asistencia psicológica para las familias. Hoy se tiene previsto que se publique una lista de los nombres de detenidos asesinados y de los que fueron trasladados a hospitales.